13 de junio de 2018
13.06.2018
Corts Valencianes

Compromis quiere que los expresidentes del Consell tengan sueldo durante 3 años

Propone que cobren una parte de su salario durante el tiempo que dura la incompatibilidad mientras Podemos quiere quitarles el sueldo

13.06.2018 | 18:55
La diputada de Compromís Mireia Mollà

El pleno de les Corts ha aprobado esta mañana por unanimidad tramitar una propuesta de Podemos para modificar la ley del estatuto de expresidentes de la Generalitat con el objetivo de que dejen de ser miembros natos del Consell Jurídic Consultiu (CJC) , recortar privilegios y arbitrar mecanismos de retirada de derechos y recursos en caso de condena por un delito contra la administración pública, además de la obligación de comparecer anualmente y de realizar una memoria de sus actividades.

La diputada de Compromís, Mireia Mollà ha abogado por abrir un debate a fondo sobre esta cuestión. Como novedad, la formación valencianista propone que los expresidentes cobren una parte de su sueldo durante los tres de incompatibilidad que la ley recoge para trabajar en empresas con las que la Administración haya podido contratar, lo que prácticamente les invalida para el mercado laboral.

Mollà asegura que la única razón por la que en la actualidad se envía a los expresidentes al Consell Jurídic Consultiu (CJC) es porque en este organismo tienen un sueldo asegurado. Por contra, la diputada asegura que los exjefes del Consell pueden aportar su experiencia al Consejo Económico Social (CES), un organismo de la máxima importancia según Compromís. Mollà explicó durante el debate que su partido no apoyará ninguna tramitación de una ley que vuelva a incluir a los expresidentes en el Jurídic.

En la propuesta de Podemos se apunta también que los exjefes del Consell serán miembros natos únicamente del Consejo Económico y Social por un periodo máximo de cinco años, condición que será incompatible con el ejercicio de cualquier lugar de responsabilidad ejecutiva en las administraciones públicas y cuando se den los supuestos de incompatibilidad legalmente establecidos.

Asimismo, apunta que un tercio del número total de diputados, pertenecientes como mínimo a dos grupos parlamentarios diferentes, podrán proponer la revocación del tratamiento y los medios cuando un expresidente sea condenado por sentencia firme por un delito contra la administración pública antes, durante o después de su mandato.
La revocación deberá ser aprobada por la mayoría reforzada de das tercios de votos favorables de la cámara.

Durante la defensa de la iniciativa, la portavoz adjunta de la formación morada Fabiola Meco ha defendido la necesidad de la "transparencia" en la utilización de los recursos públicos mediante la rendición anual de cuentas, al tiempo que ha indicado que la revocación de un expresidente es un mecanismos para defender la dignidad e integridad de las instituciones, después de que tres de cuatro presidentes de la Generalitat del PP acabaran procesados por delitos contra la administración pública.

Meco ha remarcado que tras las sentencias firmes, en un Estado de Derecho no caben honores ni placas ni privilegios y ha cifrado en más de 1 millón de euros el coste para los valencianos de las oficinas de que disponen los expresidentes Francisco Camps, Alberto Fabra y la que utilizó en su día José Luís Olivas y ha remarcado que en otras autonomías no se ha privilegiado a sus exgobernantes.

¿Por qué aquí tenemos que seguir pagando oficinas opacas?, se ha preguntado para subrayar que con esta propuesta se defiende la transparencia, la rendición de cuentas y que se justifique cada euro público que reciben.

Asimismo, ha considerado razonable que durante la tramitación parlamentaria se aborde el porcentaje que pueden percibir de sueldo durante un tiempo determinado dado el régimen de incompatibilidades al que están sometidos tras su actividad en el ejecutivo.

Por su parte, el síndic del PSPV, Manolo Mata, ha admitido que este era uno de los debates más incómodos para su formación y ha subrayado que una persona es presidente de la Generalitat porque la democracia valenciana lo quiere y ha destacado que se trata de una de las profesiones más sacrificada y nobles que hay por la entrega y dedicación, por lo que ha defendido que puedan seguir aportando a la Comunitat en instituciones como el CJC.

A su juicio, la ley no se puede hacer para personas concretas porque siempre es un desastre, al tiempo que ha subrayado que el derecho no es venganza ni castigo, sino una luz que alumbra el camino y ha criticado que, con esta propuesta de Podem, no se podrían retirar los honores a un expresident condenado por asesinato o pedofilia ni tampoco revocar a los tres exjefes del Consell del PP.

Por su parte, Alfredo Castelló (PP) ha acusado a la diputada de Podemos de hacer trampas, decir cosas falsas y actuar de forma trilera ya que la propuesta de la formación morada no tienen carácter retroactivo y, por tanto, no afectaría a Francisco Camps, o Eduardo Zaplana. "Esto es engañar a la gente", ha subrayado, para espetar que la formación nace para subvertir el régimen 78 y cambiar los parámetros de la democracia.

Asimismo, ha considerado que la ley engaña en su exposición y es demagógica y sectaria y está basada en el odio. "Todo muy de Podemos, nada nuevo bajo el sol", ha apostillado para señalar que lo que han costado los expresidentes a cada valenciano han sido "12 céntimos durante 20 años", una cantidad que no parece muy excesiva, ha ironizado.

Por su parte, el diputado de Cs Emigdio Tormo ha señalado que su formación aboga por mantener el tratamiento honorífico a los exjefes del Consell y que tengan un porcentaje respecto de su sueldo durante unos años concretos tras el ejercicio de su actividad porque tampoco se puede condenar a la indigencia a quienes ostentaron la máxima responsabilidad.

A su juicio, son personas que puedan aportar conocimiento y contactos pero hay que saber cómo los utilizamos para que no sean jarrones chinos y, en este sentido, no cree que deban estar ni en el CJC ni en el Comité Económico y Social que deben estar formados por expertos.

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