El Gobierno de Pedro Sánchez decidió otorgar ayer el estatus de refugiado a los 629 migrantes rescatados por el «Aquarius» alegando la situación de «emergencia y excepcionalidad» a la que se han visto sometidos, tras el rechazo de Italia a permitirles desembarcar en sus costas.

En este caso, se les ha considerado refugiados de prima facie (a primera vista, en latín), término jurídico que se aplica en los casos de huida masiva de un conflicto bélico o de una situación que comprometa la vida, la libertad o la integridad de un grupo.

Se trata de una decisión política absolutamente excepcional tomada dentro del marco de la operación de auxilio a los 629 subsaharianos y magrebíes que los tripulantes del Aquarius, miembros de las ONG Médicos sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranée, rescataron frente a las costas de Libia el pasado sábado, cuando navegaban a la deriva en pequeñas lanchas neumáticas fletadas por las mafias que se enriquecen a costa de las migraciones.

La decisión del ejecutivo de Sánchez pone fin al riesgo de repatriación que se cernía sobre la mayor parte de los 629 rescatados, que, al igual que las decenas de miles de migrantes que han estado llegando en los últimos años en embarcaciones desde el norte de África hacia Europa, habrían sido tratados como inmigrantes en situación irregular a su llegada a las costas europeas.

La tabla rasa que se ha aplicado de manera extraordinaria con este grupo agilizará los trámites administrativos a los que serán sometidos en cuanto lleguen a València.

Como en el resto de los migrantes rescatados en alta mar, el Aquarius y los otros dos buques serán escoltados por la Guardia Civil, como responsable del control de fronteras, hasta el puerto en cuanto entren en aguas españolas y, una vez en tierra, recibirán la asistencia humanitaria y médica que les procurará la Cruz Roja.

A partir de ahí, será la Policía Nacional, el cuerpo que tiene las competencias administrativas en inmigración, la que entreviste uno a uno a los rescatados, que contarán con un abogado y un intérprete. La ventaja es que la policía ya no tendrá que cribar a los migrantes irregulares de los refugiados con derecho a asilo político, lo que agilizará ese trámite, ya que todos ellos tienen ya reconocida la carta de refugiado.

Con ella adquieren el derecho a no ser devueltos a su país de origen y de instalarse en València o en cualquiera de las ciudades refugio que ya se han ofrecido para albergarlos hasta que puedan encontrar un trabajo.

La entrevista policial, en este caso, tendrá como fin principal descubrir qué redes mafiosas están detrás de su llegada, uno de los objetivos principales en toda asistencia a migrantes que llegan sin documentación a territorio europeo. Además, como es habitual, les será abierta una ficha, con toma de huellas y fotografías, para intentar identificarlos y procurarles documentos personales.

Refuerzos

Ante la primera llegada masiva de inmigrantes que recibe València, la Policía Nacional estudia enviar refuerzos desde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en Madrid, con agentes especializados en la tramitación del estatus de refugiado, ya que la comisaría del Puerto de València apenas cuenta con 20 policías sin apenas experiencia previa en este tipo de situaciones.

Así mismo, el Colegio de Abogados de València realizará hoy un llamamiento para pedir letrados especializados en asuntos de inmigración y asilo político con el fin de cubrir la asistencia letrada personalizada a la que tienen derecho los 629 hombres, mujeres y niños rescatados por el «Aquarius».