Con el expresidente Francisco Camps inmerso en tres procedimientos judiciales derivados de su gestión y la reciente sentencia de la Gürtel valenciana que da credibilidad a la confesión de Ricardo Costa en la que el exnúmero dos del PPCV le incriminó, las Corts abren hoy el debate sobre los privilegios de los exjefes del Consell.
Lo promueve Podemos que quiere que los expresidentes dejen de cobrar un sueldo público y también que se elimine la prerrogativa que les permite disponer de oficina y personal a su cargo. El sueldo de Camps (58.000 euros), la oficina, la secretaria y el chófer cuestan 140.000 euros anuales.
Es la seguna vez en esta legislatura que Podemos promueve este debate. En la primera, el rechazo de PSPV y PP a recortar privilegios descafeinó la propuesta.
El debate sobre el Estatuto de expresidentes llega a las Corts un mes después de que se aprobara la reforma de la ley del Consell Jurídic Consultiu (CJC) aprobada a instancias de Podemos y con el apoyo «crítico» de Compromís y PSPV y también de Ciudadanos.
Esa reforma buscaba rebajar la presencia de los miembros natos del Jurídic a ocho años y con carácter retroactivo, entre ellos la del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, pero no tiene efecto si no se aborda también la del Estatuto de expresidentes. Como el expresidente accedió al Jurídic en 2011 (acudió al primer pleno en noviembre de ese año) cesaría a finales del año próximo.
Pero Compromís cree que esa reforma del Jurídic Consultiu no será aplicable al expresidente precisamente porque lo ampara el Estatuto de expresidentes, cuya reforma admite a trámite hoy las Corts, y aboga por cambiar esa norma en un debate más profundo sobre los privilegios de los exmandatarios.
Los socialistas insisten en que es un error legislar contra personas (Camps) y creen que los valencianos han tenido mala suerte con los tres expresidentes del PP pero que los exjefes del Consell deben tener un trato honorable.
Podemos también quiere que los expresidentes se adscriban al Consejo Económico y Social (CES) y no al Jurídic pero que no perciban sueldo y que se les obligue a presentar una memoria de actividades y económica anual. Podemos asegura que los privilegios de los expresidentes han costado un millón de euros desde 2003, unos 700.000 euros Camps.
Las Corts aprobó hace unos meses con el voto de todos los partidos y la abstención del PP exigir al expresidente la salida del CJC, que hizo oidos sordos a la petición.
