La crónica de la acogida de los inmigrantes del buque Aquarius es la de dos relatos con un mismo final: el de 629 personas navegando rumbo a València como primer paso hacia un futuro que esperan mejor que la vida dejada en África.

El final de este capítulo parece ya claro, pero según quien cuente la historia, los protagonistas políticos del final están en Madrid o en València. Dicen que lo que importa de los buenos relatos es cómo acaban, pero no está mal intentar poner a cada uno en su sitio y los sucesos, en orden. Aunque solo sea por facilitar el trabajo a los historiadores del futuro.

Si uno indaga en las sedes de la presidencia y la vicepresidencia de la Generalitat, el relato que puede componerse empieza así: durante el fin de semana pasado comienza a sobrevolar la idea en algún grupo de wasap de ofrecer la Comunitat Valenciana como lugar de acogida para los migrantes que Italia rechazaba.

Es a primera hora del lunes cuando empieza a tomar forma. Se pone sobre la mesa durante la reunión habitual de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, con su equipo.

Supone resucitar la iniciativa que ya lanzó en 2015 y que nunca pudo concretar porque Moncloa tenía entonces un criterio diferente. Para Oltra, que llegó a viajar a Lesbos y ha visitado también los campos de refugiados en Gaza y Cisjordania, el tema de los desplazados de África ha estado entre los primeros de su agenda. Aparcado, pero no olvidado.

El momento actual impedía permanecer impasibles. Su primera llamada, de inmediato, es al alcalde de València y compañero de Compromís, Joan Ribó, que ya sabía alguna cosa del proyecto.

La siguiente es al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, del PSPV-PSOE, que va camino de Madrid (tenía la conferencia en el Club Siglo XXI) para ver si comparte la idea y le parece adecuado que la anuncien.

Adelante, dice, y que él comunicará con el Gobierno central. Al fin y al cabo, la recepción de refugiados es una competencia estatal. Mientras tanto, Ribó lanza en las redes la oferta de València como ciudad refugio y realiza las primeras declaraciones.

Unos minutos después, Puig ya ha contactado con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y ha recibido la respuesta favorable al proyecto. Al poco le precisan desde la Moncloa que la coordinación de todo el despliegue la llevará la propia Calvo. Lo dicho: competencia estatal y el Gobierno, por tanto, pilota. El resto de la historia es ya conocido y sin divergencias argumentales.

Sí las hay si el inicio del relato viene de Madrid. Así, lo que pasó es que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, habló la noche del pasado domingo con Calvo para darle instrucciones sobre la necesidad de actuar y cumplir con los compromisos internacionales. A partir de entonces, la vicepresidenta movilizó a diversos ministerios, entre ellos el de Fomento, para ponerse en contacto con el capitán del barco e interesarse por la situación de las personas a bordo.

Así lo explicaba Efe ayer citando fuentes gubernativas. Tras recibir esa información y después de comunicar con otros ministerios, el Gobierno contactó con Puig para saber si estaba dispuesto a que el barco atracara en València. Puig dio respuesta afirmativa y el resto es conocido. Ahora solo falta que el gesto solidario (de todos) no derive en espectáculo.