Cuatro horas de declaraciones en los juzgados de Benidorm derivadas de la supuesta financiación irregular del PSPV y un hilo conductor claro: saber si el ayuntamiento que dirigía el socialista Agustín Navarro, actual diputado provincial por el PSPV-PSOE, le hizo un «traje a medida» a Opinomedia, la empresa que instaló los opinómetros en la localidad en el año 2010. Opinomedia estaba vinculada a Crespo Gomar SL, la mercantil de Comunicación que llevó la campaña electoral de Navarro en 2007 y a la que la Policía investigó por ser el presunto epicentro de una trama de financiación ilegal del partido de la que se han derivado cuatro causas judiciales. Una de ellas investiga las irregularidades en la contratación de los opinómetros de Benidorm.

La instructora centró buena parte de su interrogatorio en escudriñar si el ayuntamiento adaptó las bases y los pliegos del concurso a la mercantil Opinomedia, la única que presentó oferta, según ha podido saber este diario. El contrato se adjudicó en 2010 en el marco de las obras del Plan E por 230.000 euros, tres años después de que Crespo Gomar trabajara en la campaña electoral de Navarro o en la de Etelvina Andreu en Alicante.

Las causas abiertas en Madrid, Gandia y Benidorm indagan si las contrataciones públicas a empresas vinculadas a la presunta financiación irregular del PSPV fueron para compensar pagos de la campaña. Hasta el juzgado de Benidorm se desplazaron el administrador de Opinomedia, Alberto Gomar -uno de los dueños de Crespo Gomar- y un directivo de la empresa, Carlos Bisquert, quien admitió contactos comerciales de su empresa con personal del consistorio previos a la licitación del contrato, aseguraron fuentes jurídicas. No obstante, no concretó con qué personas se hicieron esos contactos, a partir de los cuales Opinomedia ofreció sus servicios tecnológicos para la instalación de opinómetros a través de correos masivos en ciudades de más de 20.000 habitantes, folletos y reuniones de su red de comerciales.

El exalcalde de Benidorm y diputado provincial del PSPV explicó a la jueza que la adjudicación cumplió con todos los requisitos legales y que desconoce por qué se presentó solamente una empresa al concurso. Según Agustín Navarro, se le adjudicó porque cumplía con los requisitos de contratación, como así avalaron los técnicos y la edil de Contratación, Mariola Fluviá, también citada a declarar y quien descargó el peso de la adjudicación sobre los técnicos de la Mesa de Contratación.

Agustín Navarro indicó a su salida de los juzgados que cree en la Justicia y que entró a declarar «tranquilo» y que salió «más tranquilo todavía».

Al igual que Fluvià, fue llamado como investigado por presunta prevaricación administrativa.