El nuevo secretario de Estado de Justicia engrosa el poder valenciano en Madrid en la nueva era política. Manuel Jesús Dolz Lago, hasta ahora fiscal del Tribunal Supremo, es un valenciano más. Aunque nacido en Almería en 1954 este miembro de la Unión Progresista de Fiscales, respetado en la profesión y comprometido con los más desfavorecidos ha realizado prácticamente su carrera profesional en tierras valencianas donde enraizó y cuenta con residencia y familia.
Colaborador de Levante-EMV, Dolz Lago recibió el Premio Importante de esta cabecera en 1990 por sus iniciativas para mejorar la situación de los internos en centros psiquiátricos y residencias de mayores y coordinó durante una década (1995-2005) el área de menores de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia.
En 2013 investigó el caso Campeón y al exministro socialista José Blanco por un supuesto delito de tráfico de influencias que se archivó. Defensor de la eliminación de aforamientos, lo que considera un blindaje para los políticos, también se muestra partidario de acabar con los indultos.
Sostiene que la crisis económica disparó los abusos de las entidades financieras y que muchos de ellos quedaron impunes. Conocedor de la actualidad valenciana, el nuevo secretario de Estado no tiene dudas de que fue el boom inmobiliario el que disparó los casos de corrupción.
El nuevo número dos de la ministra Dolores Delgado defiende también la necesidad de blindar la actuación policial para que no sufra las presiones de círculos de poder en casos de corrupción. «Las esferas de poder son proclives a las presiones», asegura.
También considera «lógico» que la ciudadanía desconfíe de una Fiscalía cuyo fiscal general haya sido nombrado por el Gobierno y de que ésta sea capaz de depurar posibles responsabilidades penales de miembros del Gobierno llegado el caso. Por eso, Dolz Lago aboga porque el Fiscal General lo nombren las Cortes Generales y no el Gobierno, como ocurre ahora. Ello, añade, le otorgaría una mayor independencia que reforzaría a la institución a la hora de investigar a miembros del gobierno o de la oposición.
