El estatus que debe concederse a los inmigrantes del «Aquarius» que mañana domingo llegan al puerto de València ha provocado ya la primera fricción entre el Gobierno de España y el ejecutivo valenciano. La vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, rechaza la posibilidad de que los inmigrantes que viajan en el «Aquarius» y a los que ningún país ha querido acoger puedan acabar en centros de internamiento de extranjeros, los conocidos y polémicos CIE.
Oltra considera que los inmigrantes deben acogerse al plan de asilo para situación de emergencia y excepcionalidad. Pero ese protocolo difiere notablemente del que el jueves plantearon tanto la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, como el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La primera aseguró en su visita a València que «evidentemente» un grupo irá a los centros de internamiento para extranjeros (CIE), paso previo para su expulsión, y otros a espacios de acogida porque entre el pasaje viajan menores y embarazadas. En la misma línea, el responsable de Interior aseguró que a los náufragos del «Aquarius» se les aplicará el protocolo de llegada de inmigrantes en pateras.
Pero Oltra asegura que en ninguna de las reuniones en las que ella ha participado con representantes del Gobierno de España se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que acaben en los CIE. Oltra afirma que en la reunión del pasado martes se dio a entender que se aplicaría ese protocolo de excepcionalidad y que en la de coordinación del jueves también se dejó claro que la llegada a España de este contingente se producía por razones humanitarias y se aseguró que habría un ofrecimiento para que se acogieran al plan del asilo. En opinión de la vicepresidenta, el «Aquarius» no es un barco que haya llegado por sus medios a las costas valencianas, sino que llega al puerto valenciano por una intervención política del Gobierno de España y por eso se les da ayuda. Por tanto, la vicepresidenta del Consell cree que no pueden recibir el mismo trato que otros inmigrantes que llegan a España. Además, insiste en que llegan al puerto valenciano por razones humanitarias y considera en general un agravio que los inmigrantes puedan acabar en centros de internamiento en la línea de resoluciones aprobadas por las Corts contra los centros de internamiento.
«Se analizará caso por caso»
Por su parte, fuentes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social aseguran que se va a tratar a estas personas como a cualquier otro inmigrante que solicita asilo, «analizando cada caso en particular y comprobando si reúne una serie de condiciones para concederle el estatus de refugiado».
De hecho aclaran que en todo momento se ha mantenido esta misma postura, en contra de las declaraciones de la vicepresidenta Mónica Oltra. Asimismo sostienen que desde el Ministerio se han dado indicaciones para que haya «una mayor flexibilidad en las plazas de acogida». De igual forma, la prioridad va a ser agilizar la completa identificación de todos los migrantes tras la llegada de los barcos al Puerto de València. Por ello se van a instalar 25 puntos de identificación de la policía.
En contra de la decisión de trasladarlos a los CIE se posicionaron ayer una treintena de organizaciones sociales valencianas y de defensa de los Derechos Humanos.
