El Juzgado de Instrucción 18 extenderá un auto de extinción de la responsabilidad penal de Maria José Alcón por fallecimiento, una vez tenga constancia de la muerte de la exconcejala de Cultura sucedida la mañana del sábado en Callosa d'En Sarrià.
La decisión del magistrado del Caso Taula se producirá en cuanto reciba, de manos de la defensa de Alcón, un certificado que acredite el deceso, según marca la ley, como ya sucedió tras el fallecimiento de la exalcaldesa, Rita Barberá.
Aunque el juez y el Fiscal Anticorrupción del Caso Taula deberán decidir la validez que dan a las pruebas que existían contra Alcón, una vez fallecida la exconcejala, y a sus declaraciones, algunas contradictorias. Sobre todo porque de ellas depende parte de la investigación por el presunto pitufeo (no sucede lo mismo con el amaño de contratos en la Concejalía de Cultura que se guirá su curso).
La principal prueba que existía contra la exconcejala de Cultura era la grabación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hizo de una conversación de Alcón con su hijo. Uno de los pilares que ha sustentado la investigación del presunto pitufeo y que los abogados de las defensas intentan desde el principio desprestigiar, desmontar e, incluso anular. Aunque seguirá como la prueba que supone una de las claves de bóveda de toda la instrucción del pitufeo.
Un mínimo de 48.000 euros en comisiones
Alcón estaba investigada en el Caso Taula debido a que aparecía en las grabaciones de Marcos Benavent supuestamente repartiéndose mordidas y amañando cinco contratos entre 2003 y 2006 cuando Alcón dirigía la Concejalía de Cultura y por los que se habrían cobrado un mínimo de 48.000 euros en comisiones. En este contexto los investigadores del Caso Taula intervienen los teléfonos de Alcón y Marcos Benavent mediante un auto del 14 abril de 2015. El primer día de las escuchas policiales (15 de abril) salta la sorpresa. Maria José Alcón charla por teléfono con su hijo y le explica la mecánica del pitufeo: «Yo les tenía que hacer una transferencia legal, de... de mi cuenta... Para blanquear dinero vamos, corrupción política total...». En la Fiscalía Anticorrupción también habían recibido un anónimo que denunciaba el presunto blanqueo. Alcón tuvo intervenidas sus llamadas sesenta días más.
Tras ser detenida el 26 de enero de 2016 fue una de las dos únicas personas del PP (junto a la asesora Elena Rodrigo) que admitieron haber pagado los 1.000 euros a cambio de que se le devolviera en dos billetes de 500 euros. La exconcejala se retractó por primera vez de sus declaraciones iniciales al comparecer en febrero de 2017 como testigo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en la investigación contra el exconcejal y diputado, Miquel Domínguez, archivada provisionalmente. El cambio en la declaración de Alcón se produjo cinco meses después de que su marido, el exvicealcalde Alfonso Grau, fuera imputado por delito electoral en Taula.
El magistrado y el Fiscal Anticorrupción del Caso Taula intentaron que Alcón aclarara sus contradicciones que ella achacó, el 20 de noviembre de 2017, a la medicación y a su delicado estado de salud. También admitió que cuando la grabó la Guardia Civl «estaba muy, muy enfadada» con el PP por haberla relegado al puesto 16 en la candidatura de 2015, al que renunció antes de las elecciones tras conocerse las grabaciones con Marcos Benavent. Alcón también admitió a los forenses que examinaron su estado de salud el presunto pitufeo.
