La Conselleria de Sanidad y la Guardia Civil han decretado el cierre de una empresa ilegal de jamones en Alzira tras comprobar el deficiente estado en el que se encontraba la mercancía y el riesgo sanitario que suponía su comercialización para el consumo humano. En total, la Dirección General de Salud Pública ha inmovilizado cerca de cien toneladas de productos cárnicos, en su mayoría jamones, que estaban almacenados en malas condiciones en dos naves de la misma empresa, una en Alzira y otra en Bocairent, que se dedicaba a la comercialización de jamones y otros productos cárnicos y al deshuesado y reempaquetado.

Además se ha decretado el cese inmediato de actividad de esta empresa, radicada en Alzira y que estaba operando de forma ilegal ya que no contaba con autorización sanitaria ni estaba inscrita en el Registro de industrias alimentarias ni cumplía "ningún requisito sanitario". Debido a esta situación, es imposible determinar el origen ni el destino de los productos.

La operación contra esta empresa ilegal comenzó el pasado jueves. Personal del departamento de salud de la Ribera y la Policía Local de Alzira inspeccionaron la nave de Alzira ante la sospecha de que la actividad era ilegal. En esa comprobación, los inspectores vieron que la firma no tenía ninguno de los preceptivos registros sanitarios en vigor y que las condiciones de almacenamiento de las cerca de 90 toneladas de producto eran muy deficientes, por lo que se decidió inmovilizar los jamones, decretar el cierre de la empresa y dar traslado a la Guardia Civil.

La operación policial ha continuado durante el fin de semana y, fruto de ella, esta misma tarde, un inspector y dos agentes de la Guardia Civil han inspeccionado una segunda nave de la misma empresa en Bocairent donde se han inmovilizado unos 15.000 jamones y 120 boxes de cartón con piezas de jamones y paletas curadas. La empresa ilegal tiene además vinculación con otros almacenes de la Comunitat Valenciana y de otras comunidades autónomas.

Productos en otras comunidades

Desde la Dirección General de Salud Pública se ha lanzado una alerta alimentaria a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aecosan, para advertir sobre el posible riesgo sanitario de los productos, de los que no existían ni control de trazabilidad ni se ha podido determinar todavía con exactitud su origen ya que se podrían haberse distribuido en varias zonas de España.

Según la información oficial del Ministerio de Sanidad, la empresa ahora precintada tenía vinculación con otros almacenes de la Comunitat Valenciana pero también de otras comunidades como Castilla y León, Cataluña, Madrid y Andalucía. Desde Aecosan han informado ya a las autoridades de estas comunidades.