El grupo parlamentario Podemos ha celebrado las acciones legales anunciadas por la Generalitat contra el posible fraude por el cierre de las clínicas iDental pero ha reclamado "ir más lejos" para resarcir a los afectados, identificar a los responsables y hacer las modificaciones legales necesarias para que no vuelva a ocurrir.

Los diputados Jordi Alamán y Daniel Geffner lanzaron la semana pasada dos preguntas en el Pleno de Les Corts al Govern sobre este caso, además de solicitar documentación y, según un comunicado de la formación, estudian nuevas medidas para paliar el dolor y la indefensión de afectados y trabajadores.

Ambos ya se han reunido con las plataformas de pacientes damnificados, funcionarios de los ayuntamientos donde se ubican las clínicas y representantes legales, "para esclarecer los pasos necesarios y defender a los miles de afectados" y esperan que "se llegue mucho más lejos para resarcir a la enorme cantidad de personas que están sufriendo e identificar a los responsables y, sobre todo, hacer las modificaciones legales necesarias para que no vuelva a suceder".

Han explicado que "la alarma ciudadana ante las malas praxis de iDental es acuciante" y han advertido que se trata de "muchos miles de personas en la Comunitat Valenciana y todo el Estado que se encuentran con sus tratamientos sin terminar y con todas las clínicas de la cadena cerradas debido al concurso de acreedores que ha presentado la empresa".

Ambos diputados han indicado que la empresa ha "usurpado, bajo publicidad engañosa, unas competencias públicas como son las subvenciones, que se traducen en descuentos imposibles en la práctica", ademá de que ha acumulado huelgas de trabajadores por el impago de nóminas.

"Han utilizado a recién graduados sin tutorización, cobrándoles las prácticas a base de incentivos por tratamiento, lo que convierte todas estas intervenciones en prácticas de riesgo" y han usado "material de mala calidad sin la debida esterilización, lo que ha provocado ya varias infecciones", han añadido.

"El sistema de financiación es inmediato. La gente pide un crédito al consumo para pagar un tratamiento que no se realiza y se queda con la deuda. La mala praxis se ceba con ciudadanos muy vulnerables. Nos referimos a pensionistas, a personas en paro, a trabajadores que ganan menos de un SMI (sueldo mínimo interprofesional) y que se quedan con una deuda del 25 % o incluso del 50 % de sus recursos en esta estafa", han resaltado.

En su opinión, la clínica "de forma cínica, se ha hecho llamar 'una corporación hospitalaria social, de dentistas con corazón', como reza su eslogan, pero nada más lejos de la realidad: a estos ciudadanos los confunden ofreciendo unas subvenciones que usurpan competencias públicas".

Han denunciado que, aunque las actuaciones de las administraciones públicas lleguen tarde, "son bienvenidas, y se pueden producir dentro de las limitaciones existentes en el derecho público: inspecciones laborales, sanitarias, expedientes sancionadores" aunque han advertido que"no serán suficientes dada la inmediatez que requieren las soluciones".

"Hay que generar marcos normativos o asegurar que ante casos como estos las empresas respondan, exista prevención y protección efectivas, donde el ciudadano no acabe en una situación de indefensión como la acontecida", han concluido.