El Ministerio del Interior del Gobierno de Francia ha enviado a la Comunitat Valenciana una misión de la Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y Apátridas (Ofpra) para tramitar in situ las peticiones de asilo en el país galo formuladas por una parte de los migrantes que desembarcaron en València el pasado domingo.
Finalmente, 274 de los 629 ocupantes del «Aquarius» es decir, el 43,5 % de los rescatados en el Mediterráneo y acogidos en la capital del Túria. El resto, 355, prefirieron pedir asilo en España, según fuentes de la Policía Nacional.
«La delegación de la Ofpra se desplegará a partir de que las autoridades españolas lo autoricen y se encargará de identificar entre estas personas a refugiados con necesidad de protección que puedan ser acogidos en nuestro territorio», se señaló desde el departamento dirigido por Gérard Collomb el pasado fin de semana.
A diferencia de lo ocurrido con el Ejecutivo italiano, el francés busca «ilustrar así la estrecha cooperación con el Gobierno español y alienta una respuesta coordinada entre los estados miembro de la UE al conjunto de los retos migratorios».
La petición de asilo permite a todas estas personas, procedentes de 31 países, la mayoría africanos y con guerras civiles o dictaduras extremas, acogerse al permiso de 45 días de entrada extraordinario por razones humanitarias en territorio nacional, según señaló Ester Sanchis, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valencia.
Esta entidad ofreció 70 abogados del turno de oficio especializados en Extranjería para atender a los migrantes en el puerto el pasado domingo, un asesoramiento que hizo en grupos de unas diez personas, y no individualmente, para «agilizar el proceso y que estas personas no sufrieran más de lo que ya han sufrido».
La «prueba de nacionalidad»
Por otra parte, los consulados de los países de origen de los migrantes se preparan ahora para efectuar la denominada «prueba de nacionalidad» de cada uno de los solicitantes, tal como explicó ayer a este periódico el cónsul de Chile y presidente del Cuerpo Consular de València, Leopoldo López Máñez.
Es decir, durante los próximos días, los consulados, o en su defecto las oficinas consulares de las embajadas correspondientes, tienen la obligación de acreditar el origen de las personas acogidas para después poder completar la solicitud de asilo en España o Francia. Sólo de esta manera los demandantes pueden motivar las razones de su petición.
«En 28 años que llevo como cónsul nunca he vivido una situación así con refugiados. Es la primera vez que hemos visto una acogida así para evitar un drama. Ahora el Gobierno sabrá lo que tiene que hacer. Esto debe ser un detonante para que la Unión Europea ponga en marcha una política migratoria común y se establezcan unas reglas de juego claras para no beneficiar a las mafias que echa a esta gente al mar», señala López Máñez.
Tan sólo Argelia, Costa de Marfil, Mali y Marruecos de la treintena de países de origen de los 629 migrantes tienen consulado en la Comunitat Valenciana, lo que puede ralentizar las gestiones.
