El informe elaborado por la Universitat de València especifica que «la gestión migratoria es una competencia exclusiva de la Administración central, por lo que desde la administración regional se pueden ofrecer tan solo respuestas parciales».

Aún así, el estudio concluye con una serie de propuestas a la Generalitat Valenciana como «garantizar el acceso normalizado al conjunto de servicios y prestaciones públicas a todas las personas inmigrantes, incluyendo a aquellas que se encuentran residiendo en situación administrativa irregular» o facilitar el acceso de la población «en situación administrativa irregular a los servicios de asesoramiento jurídico especializado de modo que los procesos de regularización puedan desarrollarse en el menor tiempo posible y con las mayores garantías de éxito».

Para ello, el estudio considera como «urgente» que el Consell refuerce el trabajo que, en este ámbito, desarrollan las Oficinas de Atención a Personas Migradas, «poniendo en manos de expertos en extranjería las acciones de orientación y asesoramiento jurídico que estas Oficinas realizan».

Además, entre otras recomendaciones, figura «la puesta en marcha de procedimientos extraordinarios de regularización» así como «diseñar y llevar a cabo un plan de formación de los empleados de los servicios públicos» y «velar por el cumplimiento efectivo de la normativa relativa a la inscripción en el padrón municipal, evitando así las infracciones que se dan en algunos municipios y atendiendo al hecho de que el empadronamiento se establece como condición necesaria para el acceso a determinados servicios y prestaciones públicas».

Por último, el informe pide « garantizar el acceso a cursos de formación sobre los idiomas oficiales, el manejo de las nuevas tecnologías y la búsqueda de empleo así como establecer medidas «para arbitrar mecanismos que incentiven la contratación de inmigrantes en el sector privado, especialmente en aquellas empresas proveedoras de la administración, y fomentando la contratación de estas personas en los servicios públicos, de forma que estos reflejen más y mejor la diversidad».