No existen así que no constan en las estadísticas que hablan de inmigración, de extranjería, de nacionalidades y de migraciones. Son invisibles para el sistema pero sí existen, claro que existen, porque viven y respiran en la misma Comunitat Valenciana que el resto.
Eso sí, viven ocultos, para que nadie les descubra. Inseguros y excluidos hasta que pasen los pertinentes tres años y puedan demostrar su «arraigo» para obtener los ansiados «papeles». Por eso viven desde la exclusión más absoluta ya que si entran a formar parte del sistema temen ser detenidos.
Su situación es irregular porque carecen de la documentación precisa. Son extranjeros en situación de irregularidad documental y el Consell del Botànic desconocía un número, una cifra con los que poder (o no) trabajar.
La tienen desde el año pasado gracias a un informe de la Universitat de València Ahora bien, «su condición de indocumentados implica que este número debe interpretarse con suma cautela y debe considerarse como una estimación, con las consiguientes limitaciones», especifica el informe.
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas quería saber cuántas personas en situación irregular residían en la Comunitat Valenciana. Y lo querían saber para facilitarles su entrada en el sistema público. Y en esas están. Por ejemplo, estas cerca de 50.000 personas pueden solicitar la nueva Renta Valenciana de Inclusión ya que, según dijo en 2016 la que entonces era directora general de Inclusión Social, Helena Ferrando (hoy, secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal): «Destinar dinero y trabajar en programas para erradicar la pobreza, sin tener en cuenta a las personas que viven al margen del sistema, no tiene sentido». Así que encargó el estudio y esperó datos con los que poder establecer una planificación.
Los indocumentados no aparecen por ninguna parte, así que el informe explica cómo han estimado la cifra. «Para efectuar el cálculo de los extranjeros en situación de irregularidad documental se ha sustraído a la cifra total de extranjeros empadronados la de extranjeros de terceros países con autorización, lo que resulta un número de 49.201. Es decir, que a través de los registros oficiales podría estimarse que en la Comunitat Valenciana se encontrarían en situación de irregularidad documental unas 49.201 personas a 1 de enero de 2016».
Esas casi 50.000 personas que refleja el informe viven en una situación de exclusión social de la que no podrán salir jamás hasta que no entren a formar parte del sistema. El 80 % de la población inmigrante en la Comunitat Valenciana vive en riesgo de pobreza. Pero para los extranjeros sin papeles la palabra «riesgo» se queda corta. Lo suyo es pobreza máxima debido a una vulnerabilidad que les obliga a realizar trabajos precarios e ilegales. Ya sea la venta ambulante o el trabajo en el campo, sin contrato, a 30 céntimos la hora.
Un elemento de garantías
La situación de regularidad, en la práctica, es un elemento de garantías. Y es que el informe asegura que la capacidad de incorporación al sistema de las personas inmigrantes viene determinada por dos aspectos fundamentales que además se relacionan entre sí: la situación administrativa y el acceso al empleo
«En relación a la primera, el marco normativo establecido por la Lodyle sitúa a la población que carece de autorización de residencia y empleo en una posición de desventaja, una primera exclusión de carácter jurídico e institucional que fija una división entre quien tiene 'papeles' y quien no los tiene. El Estado no reconoce los derechos de la persona en situación administrativa irregular, por lo tanto, ésta no puede ejercerlos ni reclamarlos», asegura el documento.
Y añade: «El filtro establecido por la residencia legal supone que la persona existe para la Administración o no, lo que tiene un efecto directo sobre el reconocimiento de los derechos básicos y la garantía de acceso a los servicios de protección. Como consecuencia, la población inmigrante en situación irregular sufre una mayor vulnerabilidad en el acceso a recursos y derechos sociales, laborales y de condiciones de vida dignas (empleo, sanidad, vida en familia, empadronamiento).
