La incorporación del ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a su plaza de registrador de la propiedad en Santa Pola, ha concentrado toda la atención mediática en esta institución administrativa estatal desconocida para buena parte de la sociedad, pues los ciudadanos suelen realizar sus gestiones ante el registro a través de profesionales como notarios o gestores.
«Nuestra función es dar seguridad al tráfico inmobiliario, asignando de forma inatacable las titularidades de las propiedades inmobiliarias», resume la decana del Colegio de Registradores de la Propiedad de la Comunitat Valenciana, Mª Begoña Longas.
Longas aprobó las oposiciones al Registro de la Propiedad en 1988 y por tanto va a cumplir tres décadas de dedicación a una profesión que considera «muy interesante, útil para la sociedad y que supone una gran responsabilidad».
Espera que todo el alboroto mediático que ha creado la rápida incorporación de Rajoy a su plaza de registrador de la propiedad pase pronto. El expresidente, dice, «tiene todo el derecho a volver a la plaza que ganó por oposición, desarrollar su trabajo y desempeñar su profesión como un compañero más entre los aproximadamente 120 que somos en la Comunitat Valenciana».
Por el Registro de la Propiedad pasan documentos de tipo judicial, notarial, administrativo o privado relativos a derechos o cargas sobre bienes inmuebles (transmisiones, embargos, hipotecas...)
«Comprobamos que se cumplan todos los requisitos legales sobre efectos frente a terceros, el historial del registro de la finca y fincas colindantes, y si todo está de acuerdo con la ley inscribimos dicha titularidad», apunta.
Este procedimiento, prosigue, ofrece una doble garantía: «aseguramos al titular que su derecho sobre un bien inmueble va a ser respetado por terceros, y, por otra parte, al comprador o al acreedor en el caso de que dicho bien se haya ofrecido como garantía, le damos la tranquilidad de que su derecho va a estar registrado».
Longas explica que a la profesión de registrador de la propiedad se accede «mediante una oposición bastante dura, que consta de dos ejercidos teóricos y otros dos prácticos».
Una vez superada la oposición, las plazas vacantes se asignan a los nuevos funcionarios según su puntuación. Es decir, en el concursillo, los que han obtenido las calificaciones más altas en la oposición eligen primero. Este cuerpo funcionarial es nacional, por tanto optan a plazas en todo el Estado y depende de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia.
Todos los años se realizan concursos de traslados a plazas que han quedado vacantes por jubilación o defunción del titular, nueva creación o traslados anteriores. Los registradores pueden cambiar de destino. En este caso, la prioridad para elegir plaza la da la antigüedad, el número en el escalafón.
Funcionarios que son empresa
Los registradores de la propiedad son funcionarios, pero no reciben nómina alguna del Estado. «La organización de los medios humanos, técnicos, materiales, etc... de la Oficina del Registro corre a cargo del registrador como único responsable», detalla la decana.
Los honorarios de los registradores vienen regulados por los precios públicos fijados en el Real Decreto de Aranceles de los Registros. Según cada tipo de operación se cobra una cantidad fija y otra proporcional al tipo de bien inmueble. Cada registrador responde personalmente y con su patrimonio ante cualquier perjuicio económico que pueda ocasionar una falta suya en el desempeño de su labor.
