El no del nuevo presidente del Gobierno a la reforma ahora de la financiación autonómica agitó ayer la vida política valenciana, cuando empezaba a serenarse tras el protagonismo informativo por la llegada el pasado domingo de la flotilla del Aquarius, con 629 migrantes rescatados en el mar Mediterráneo.

Al presidente de la Generalitat le llegó la noticia cuando se encontraba precisamente en una reunión del centro de coordinación del operativo.

Ximo Puig no tardó en pronunciarse sobre las palabras del secretario general de su partido, una forma de intentar aplacar y contener las reacciones de los socios y la oposición política.

Puig ha sostenido desde el cambio de inquilino en la Moncloa que la defensa de los intereses valencianos va a continuar siendo su prioridad, a pesar de las dudas en el resto de fuerzas del arco político, y ayer insistió en esa vía.

La posición del Consell sobre la urgencia de una nueva financiación autonómica «es la misma», «no se ha movido ni un gramo», dijo. El modelo actual es injusto y el Ejecutivo «nunca va a renunciar a lo que es justo».

Puig es consciente de la «debilidad» en el Parlamento, pero la financiación «no se puede continuar aplazando». Aseguró que seguirá exponiendo esta posición a Sánchez y a la nueva ministra de Hacienda con el objetivo de «convencerlos» de que es posible avanzar en el cambio del sistema en esta legislatura. Su argumento es que «mientras no se resuelva, el problema territorial de España estará más abierto».

Compromís, el socio en el Govern del Botànic, evitó ayer cargar las tintas contra Sánchez, pero sí remarcó la urgencia de abordar la financiación. «No podemos esperar más», afirmó el portavoz de la coalición en las Corts, Fran Ferri.

Más duro fue el socio externo, Podemos. «El PSOE pone en duda su credibilidad si dice una cosa en la oposición y reniega de llevarla a cabo cuando está en el Gobierno», dijo Ferran Martínez.

El PPCV habló de «insulto a los valencianos» por parte de Sánchez», mientras para Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), el PSOE «vuelve a demostrar un doble rasero».

Las entidades impulsoras de la manifestación del 18 de noviembre remarcaron que la reivindicación continúa vigente. Nada cambia aunque el Gobierno sea otro. «Si hay una autonomía con derecho a mejoras es la valenciana», subrayó Ismael Sáez, de UGT-PV.

«El cambio de escenario no afecta a la reivindicación, que se mantiene activa mientras siga sin reformarse el sistema», afirmó a Levante-EMV el presidente de la patronal, Salvador Navarro.