La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha archivado la querella contra cinco exministros, otros dos ex altos cargos -uno de ellos Juan Cotino en su etapa como conseller de Medio Ambiente- y dos empresarios, entre ellos el presidente de ACS, Florentino Pérez, tras descartar cualquier delito penal en la construcción del almacén subterráneo de gas Castor, frente a las costas de Vinaròs (Castellón).
En un auto conocido hoy, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 adopta la versión de la Fiscalía y desestima la querella al considerar que la obra no responde a una idea "aislada ni peregrina" sino que se debió a una política previamente planeada desde 2002, antes incluso de que los querellados accedieran a sus cargos.
La juez añade que "tampoco parece que la actuación estuviera guiada por un afán de perjudicar los intereses de la Administración, adoptando resoluciones injustas, arbitrarias o manifiestamente contrarias a la ley", sino que fue "razonada y documentada".
Según el auto, de la querella no se desprende que las resoluciones adoptadas durante las distintas fases del proyecto -que firmaron los querellados- se dictaran al margen del procedimiento establecido.
La juez señala que la actuación de los querellados puede ser discutida jurídicamente, pero recuerda que las discrepancias fueron resueltas por la vía contencioso-administrativa.
De esas resoluciones -añade- no se desprende que la actuación de los querellados fuera arbitraria.
Según la juez, lo que se puso de manifiesto es la complejidad del problema y la falta de doctrina jurisprudencial pero "en ningún caso" que las resoluciones impugnadas "adolecieran de una ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa".
Por ello, señala el auto, no puede estimarse cometido el delito de prevaricación.
Del mismo modo, subraya la juez, no pueden estimarse cometidos los delitos de malversación y fraude a la Administración, al no desprenderse de la querella que los querellados hayan quebrantado sus deberes.
Presentada por el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Xnet y el Institut de Drets Humans, la querella se dirigía contra los exministros socialistas Joan Clos y Miguel Sebastián, que ocuparon la cartera de Industria; Magdalena Álvarez, titular de Fomento, y Elena Espinosa, de Agricultura; así como contra José Manuel Soria (PP), por su etapa en Industria.
Interpuesta por presuntos delitos de prevaricación, estafa, fraude a la Administración y malversación, se extendía además contra el presidente de Escal UGS -concesionaria del proyecto-, Recaredo del Potro; Florentino Pérez, por la participación del 60 % que tenía ACS; el ex secretario general de Energía socialista, Ignasi Nieto, y el exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino, del PP
