¿De qué sirve tener dinero si no se puede disfrutar? A falta de que se levante totalmente el secreto del sumario del «Caso Erial» sí ha trascendido que la trama orquestada por el exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, para el presunto cobro de mordidas y el supuesto blanqueo de capitales se decantaba por la compra de propiedades inmobiliarias, coches y relojes de alta gama. Todos han sido decomisados por el Juzgado de Instrucción 8 de València a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Al requisar estos frutos materiales del presunto cobro de comisiones, los investigadores han descubierto las sospechosas relaciones entre el expresidente de la Generalitat y sus presuntos testaferros.
Los dos vehículos Audi Q7 y Q3 incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante los registros y detenciones realizados el pasado 22 de mayo figuran a nombre de Eduardo Zaplana y su mujer, Rosa Barceló. Aunque la sorpresa ha saltado al descubrir los investigadores que los vehículos fueron adquiridos por la empresa Costera del Glorio SL, administrada por Joaquín Barceló y su mujer, presuntos testaferros del exministro.
¿Qué hace una empresa dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios regalando al exministro y su mujer vehículos valorados en 80.000 y 30.000 euros? Los investigadores no tienen dudas y consideran que Costera del Glorio SL se nutrió de los «sobornos» que supuestamente conseguía Zaplana y que después retornaban en especie en forma de coches de alta gama.
El presunto testaferro Joaquín Barceló también sacaba presumiblemente tajada ya que la Guardia Civil también le requiso un todoterreno BMW que figuraba a nombre de la mercantil Costera del Glorio SL, que no tenía actividad y únicamente registraba entradas de dinero del extranjero.
Por todos estos hechos, los investigadores imputan a Eduardo Zaplana y su círculo más íntimo diez delitos. La Jueza de Instrucción 8 y el Fiscal Anticorrupción los consideran presuntos autores de los delitos de cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir, según el auto de prisión de Zaplana.
Durante su única comparecencia ante la jueza y el Fiscal Anticorrupción, el exministro de Trabajo se acogió a su derecho a no declarar. Pero su abogado Santiago Milans del Bosch sí negó cualquier relación con las mercantiles y los hechos delictivos. Una negación de los hechos que intentó apuntalar el asesor fiscal de Zaplana, Francisco Grau Jornet, quien declaró que el expresidente de la Generalitat no tenía ninguna relación con las empresas ni con los hechos investigados. Unos argumentos que no convencieron a nadie por lo que Zaplana, Barceló y Grau permanecen en prisión desde el 25 de mayo.
