El nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, pisó la sede provisional de la institución (la oficial sigue en obras) el pasado martes y, dos días después, comunicaba la primera decisión de cierto calado: la renuncia a ejecutar una sentencia favorable a la Delegación contra la contratación de personal para la dependencia que realizó el Ayuntamiento de València
Considera que el Govern de la Nau que preside Joan Ribó ha subsanado los errores. Al margen del caso concreto, el nuevo representante gubernativo en tierras valencianas lanza el mensaje de una nueva actitud con los gobiernos valencianos del cambio.
Es significativo después de un periodo de alta conflictividad entre el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y el Consell del Botànic y otras instituciones valencianas, que se tradujo en la apertura de acciones contra más de veinte leyes del Ejecutivo de Ximo Puig y Mónica Oltra. Media docena acabaron recurridas en el Tribunal Constitucional.
Frente a esa posición, los nuevos ocupantes socialistas de la Delegación del Gobierno envían un mensaje de conciliación a sus correligionarios y socios valencianos, de búsqueda de «puntos de encuentro que eviten, siempre que sea posible, el conflicto entre administraciones», manifestaron fuentes del organismo a Levante-EMV.
«Todo es revisable», agregaron para subrayar el cambio de actitud del Gobierno de Pedro Sánchez con las instituciones valencianas. El único marco es la Constitución, señalaron.
Esta ha sido una de las peticiones del Consell del Botànic tras la victoria de la moción de censura contra Rajoy. Los recursos de iniciativas valencianas ante el Tribunal Constitucional han sido rasgos de una política recentralizadora y limitadora de las competencias autonómicas, según Puig denunció en diversas ocasiones en el pasado.
La Función Social de la Vivienda, la pobreza energética o el plurilingüismo han sido ejes de actuación del Ejecutivo valenciano de PSPV y Compromís que se han encontrado con el freno de la Moncloa.
El Consell, que ha expresado su confianza en una mayor complicidad en Madrid hacia sus iniciativas, ya tiene al menos un primer gesto cargado de simbolismo.
En este sentido, Sánchez afirmó durante el debate de la moción de censura que lo llevó a la Moncloa que su gestión se iba a inspirar en la del Botànic. La primera iniciativa de su hombre en la Comunitat Valenciana viene a refrendar esa sintonía, que no está siendo total después de que el presidente del Gobierno haya echado una jarra de agua fría sobre el elemento central de la agenda valenciana: la reforma del sistema de financiación.
El conflicto ahora levantado hace referencia a la contratación de 69 empleados para hacer frente a la gestión de las prestaciones para la dependencia por parte del Ayuntamiento de València.
El anterior Gobierno central consideró que el equipo de Ribó (Compromís) vulneraba con esa medida la normativa presupuestaria y la regulación de la plantilla. La delegación llevó el asunto a los tribunales y el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de València le ha dado la razón ahora. Sin embargo, los actuales inquilinos de la delegación entienden que los «errores burocráticos» han sido ya subsanados. Es la «nueva sensibilidad».
