La sección primera de la Audiencia de València acaba de comunicar a los 24 acusados del saqueo de la depuradora de Pinedo las condenas por el desvío de 23,5 millones de euros de presupuesto público. El expresidente de Emarsa, Enrique Crespo, ha sido condenado a 10 años de cárcel, junto al gerente de Emarsa, Esteban Cuesta, que recibe la mayor pena con otros 12 años de prisión.
Junto a ellos los principales cabecillas de la trama que esquilmó las arcas públicas reciben un castigo grave como los 8 años y seis meses de prisión para Enrique Arnal, ex director económico y financiero de Emarsa, o el exgerente de la entidad pública de saneamiento (Epsar), José Juan Morenilla, que ha sido condenado a 9 años.
El informático de Emarsa, Sebastián García Martínez "Chanín", también ha sido condenado a 7 años y seis meses de prisión, mientras que el considerado cerebro de trama, el empresario Jorge Ignacio Roca Samper, también tendrá cumplir una pena de 6 años y un día de cárcel.
La sentencia del Caso Emarsa, que ha juzgado el desvió de 23,5 millones de euros en la depuradora de Pinedo, llega seis meses después de que quedara visto para sentencia el 14 de diciembre, tras siete meses de juicio y casi siete años de instrucción. El fallo aún no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en primera instancia y en casación ante el Supremo. Los principales condenados anunciaron tras conocer el fallo que recurrirán la sentencia ha sido redactada por los magistrados de la sección primera de la Audiencia de València que han presidido el juicio: Jesús Maria Huerta Garicano, Luis Carlos Presencia Rubio, y Juan Beneyto Mengó. La sentencia del Caso Terra Mítica también se redactó en seis meses y la deliberación para el fallo por los amaños en Fitur de la trama Gürtel se prolongó durante nueve.
La sentencia supone un aval al trabajo realizado por las fiscales Virginia Abad y Ana Palomar, que investigaron junto al magistrado Vicente Ríos, del Juzgado de Instrucción 15 de València, una de las primeras macrocausas de corrupción "made in València" y elaboraron el relato judicial que explica cómo se desviaron 23,5 millones de euros públicos entre 2004 y 2010 en la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo.
En su calificación definitiva de los hechos al final del juicio, las fiscales endurecieron las penas a los principales cabecillas, aunque también alcanzaron un acuerdo con doce arrepentidos, lo que les permite esquivar la prisión.
El expresidente de Emarsa y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, es uno de los protagonistas a los que más se le complicaba el futuro. Las fiscales pedían para él 20 años de cárcel, cuando la petición inicial era de 14 años. Una de las claves para este endurecimiento de las penas es que las fiscales aplicaban por duplicado los delitos de los que se acusa a Crespo: prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos agravada que, presuntamente, cometió en las decisiones que adoptó al frente de Emarsa y en perjuicio de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar). Finalmente ha sido condenado a diez años.
Al exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, no le han servido de nada sus fallidos intentos de colaborar con la Fiscalía. El Ministerio Público aumentó de 14 a 24 años de cárcel la pena para el que fuera alcalde pedáneo del PP de Benimámet bajo el mandato de Rita Barberá. Cuesta repetía en el escrito de conclusiones los delitos imputados a Crespo y añadía los de cohecho y falsedad en documento mercantil.
Quien sí logró una considerable rebaja de las pena de cárcel por parte de la Fiscalía es el exjefe de explotaciones de la Epsar, Ignacio Bernácer, quien admitió los hechos y devolvió parte del dinero saqueado, por lo que la Fiscalía reduce de 14 a tres años y seis meses la petición de cárcel. Su testimonio es clave porque, según el relato del Ministerio Público, la inyección contínua de fondos de la Epsar a Emarsa se hizo gracias al contubernio establecido, supuestamente, entre Crespo, Cuesta, Morenilla y Bernácer.
El exgerente de la Epsar, José Juan Morenilla, que ha defendido su inocencia en todos estos hechos y acusó al resto de presuntos cabecillas de actuar a sus espaldas, también logró reducir la petición de pena del Ministerio Público de los 14 años de cárcel a diez.
La Epsar (que dependía de la antigua Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte) inyectó 94,5 millones de euros entre 2004 y 2010 y las fiscales sospechan que el 24 % de este presupuesto público se desvió de su destino legal. Supuestamente para satisfacer la avaricia y el elevado tren de vida de todos los miembros de la trama a costa del erario público.
Las fiscales calculan que los perjuicios causados a Emarsa sólo por "gastos en viajes particulares" ascendieron a 262.934,11 euros; otros 836.613,25 euros se los gastó la trama en "gastos de hostelería, obsequios y similares" y otros 146.400 euros se gastaron en sobresueldos.
Quienes también lograron una rebaja considerable de las penas solicitadas por la Fiscalía son los otros once arrepentidos (junto a Bernácer) que confesaron los hechos y han devuelto parte del dinero saqueado o cobrado indebidamente. Entre ellos tres dirigentes populares: Santos Peral Martín (exsecretario general del PP de Patraix) y excontable de Emarsa, que se enfrentaba a seis años de cárcel y que ahora sólo será condenado a nueve meses y un día de prisión, sustituible por multa.
El exsecretario general del PP de Trànsits y exjefe de compras de Emarsa también alcanzó un acuerdo con el Ministerio Público y, tras admitir los hechos, rebaja de 6 años a nueve meses y un día la prisión, sustituible por una multa de 3.282 euros.
En similares términos ha sido condenado el exprimer teniente alcalde del Ayuntamiento de Moncada, Luis Botella de las Heras, que esquivará los once meses de cárcel a los que será condenado con el pago de la multa de 3.282 euros, cuando inicialmente se enfrentaba a cuatro años de prisión.
