El magistrad del Caso Taula Víctor Gómez Saval ha abierto una pieza separada para investigar el presunto pago de mordidas en la empresa pública Construcciones e Infraestructuras educativas de la Generalitat SA (Ciegsa) relacionadas con la presunta financiación ilegal del Partido Popular. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) informó ayer de la creación de esta nueva pieza separada del Caso Taula (sería la octava en esta macrocausa que se investiga desde el año 2014) y que investiga una trama organizada de pago de comisiones en la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de València.

La nueva pieza separada también tendrá nuevos protagonistas de esta presunta trama: el empresario Enrique Ortiz y la constructora Rover Alcisa, que aparecen salpicadas por el pago de mordidas que se destinarían a financiar al PP a cambio de contratos en la empresa pública Ciegsa, según un auto del Juzgado de Instrucción 18, al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Enrique Ortiz, también investigado en dos piezas del Caso Brugal (por irregularidades en el Plan de Resíduos de la Vega Veja y el presunto amaño del Plan General de Alicante), acaba de ser condenado por la Audiencia Nacional por financiar ilegalmente al PP durante la campaña electoral de 2008 con una aportación de 300.100 euros camuflados en seis facturas falsas pagadas a la empresa de la Gürtel Orange Market. El empresario ha conseguido eludir la cárcel al admitir los hechos y ser condenado a 15 meses de cárcel por delito electoral en las elecciones de 2008 y falsedad documental (en las facturas mendaces) eludibles mediante el pago de una multa de 109.500 euros.

Indiciariamente este mismo mecanismo habría sido utilizado por Ortiz en Ciegsa. El magistrado y el Fiscal Anticorrupción del Caso Taula investigan los presuntos delitos de prevaricación y cohecho por la entrega de dinero de 350.000 euros por Enrique Ortiz para la campaña de 2007, a cambio de lograr adjudicaciones en la empresa pública. La otra entrega de 150.000 euros correspondería a la empresa Rover Alcisa a cambio del mismo objetivo: lograr contratos de obra en la construcción de colegios. Unos hechos desvelados por el exsecretario general de los populares valencianos, Ricado Costa, durante su declaración ante los fiscales Anticorrupción el pasado marzo.

El magistrado del Caso Taula relaciona estos hechos con «la estrategia de financiación del Partido Popular a nivel regional a través de las contrataciones de Ciegsa» desgranados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el «Informe sobre las relaciones de la empresa pública Ciegsa con ciertos políticos y funcionarios de la Comunitat Valenciana». Un detallado análisis en el que, a partir de las grabaciones del exyonki del dinero, Marcos Benavent, la UCO relata la «posible existencia de dos tramas paralelas de financiaciación, la del partido a nivel provincial y regional». Aunque, como estas adjudicaciones irregulares relacionadas con Enrique Ortiz y Rover Alcisa no parecen relacionadas con la participación de Máximo Caturla (exconsejero delegado de Ciegsa investigado en la pieza del Caso Taula que investiga las mordidas en Ciegsa), el magistrado ha decidido crear una nueva pieza separada que investigará los presuntos delitos de «prevaricación y cohecho, cometidos presuntamente a partir del año 2007 o con motivo de la campaña de elecciones autonómicas de ese año».