Si usted suele comprar en los supermercados Family Cash o Kuups, revise los envases que tiene en la nevera: el jamón o los embutidos curados que ha comprado pueden proceder de alguna de las cinco empresas que Sanidad y la Guardia Civil ha cerrado esta semana por presunto fraude al reintroducir en el mercado alimentos con la fecha de consumo vencida y por incumplir las medidas higiénicas mínimas de conservación.
Después de una semana de inspecciones y cierre de establecimientos, ayer la Conselleria de Sanidad dio un paso más en la alerta sanitaria lanzada y retiró del mercado hasta 11 toneladas de jamón y embutidos de estos supermercados: 4.300 kilos de productos loncheados y 363 piezas de jamón en las tiendas Family Cash y 7.358 kilos en la cadena Kuups.
Las marcas vinculadas a las cinco empresas que han sido cerradas son Jamón Bodega Alto de Aitana, Jamón Bodega Sierra Gorda, Aire de Mariola, Serranía de Ameta, El Galán, Jamones Croval, Oro la Ermita y Don Enrique. De esta última marca era el kilo de jamón loncheado a 4,99 euros que a mitad de semana aún se podía encontrar en algunas tiendas de Family Cash.
Almacenados entre heces de rata
Sanidad recomienda a los consumidores que eviten comer estos productos si los tienen en casa por los posibles riesgos que puede conllevar su consumo ya que en la nave cerrada en Alzira, donde se inmovilizaron 90 toneladas de carne, ésta se encontraba almacenada sin envases, con grasa, suciedad, moscas, moho y entre heces de roedores.
Los inspectores pudieron comprobar que los operarios se dedicaban a retirar las partes mohosas o afectadas de los embutidos y a reenvasarlos, cambiando las fechas de consumo preferente vencidas por otras.
En total, contando los productos decomisados en las cinco empresas clausuradas (dos en Alzira y las otras tres en Bocairent, Cheste y Real de Montroy) y el producto retirado en supermercados, se han sacado del circuito 490,6 toneladas de carne bajo sospecha. Las cinco empresas formarían parte de un holding que agrupaba a secaderos de jamón, plantas de almacenaje y distribución y naves de procesado de productos.
La investigación de Valencia forma parte de la abierta por la Guardia Civil en Extremadura contra empresas que operaban de forma similar y que formarían una trama a nivel nacional para reintroducir, presuntamente, alimentos caducados de nuevo en el mercado tras reetiquetar los productos y reenvasarlos sin las partes afectadas. Fuentes de la Benemérita declinaron aportar detalles sobre la instrucción ya que ésta se encontraba «bajo secreto de sumario».
En empresas de Cáceres y Badajoz se han destruido ya 275.000 kilos de productos cárnicos en mal estado.