La ex directora general de Consumo socialistany exsubdelegada del Gobierno en Alicante Etelvina Andreu negó ayer ante una juez de Madrid haber mediado para que la consultora de Gandia, Crespo Gomar SL, sospechosa de financiar ilegalmente al PSPV y Bloc en la campaña de 2007, resultara adjudicataria de una campaña de publicidad en 2008 por el importe de 184.138 euros.

Etelvina Andreu fue directora general de Consumo junto al entonces ministro de Sanidad, el carletí Bernat Soria. Ayer compareció como investigada por los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos. Sólo quiso responder a las preguntas de su defensa, la jueza y la Fiscalía.

La exdirectora general de Consumo sí reconoció en su declaración que conocía a Alberto Gomar, gerente de Crespo Gomar SL, pero que desconocía la empresa. Una declaración sorprendente ya que Crespo Gomar SL fue la que se encargó de organizar la campaña electoral de Etelvina Andreu cuando aspiraba a la alcaldía del Ayuntamiento de Alicante.

Para justificar este desconocimiento, la antigua alto cargo socialista aseguró que ella no se encargó de la campaña electoral ni de la contratación de la empresa. Tampoco se ocupaba de estos detalles en la dirección general de Consumo, alegó.

Sin embargo, otra imputada en esta misma causa que también declaró ayer, explicó a la jueza que elaboró un informe de las ofertas que aspiraban a ganar el concurso y que antes de presentarlo consultó con Etelvina Andreu cuál era la que le parecía mejor.

Lucía O. ha sido una de las investigadas que ha declarado este martes ante la titular del juzgado de instrucción número 43 de Madrid, junto con Andreu, ex directora general de Consumo dentro del Ministerio de Sanidad, y Consuelo Sánchez Naranjo, que era subsecretaria de Sanidad y Consumo.

Paralelamente, la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos interrogó a dos exministras bajo el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero. Primero fue Beatriz Corredor, que dirigió la cartera de Vivienda entre 2008 y 2010, cuando le fue adjudicado a Crespo Gomar SL el contrato público para las acciones de comunicación del Plan de Vivienda 2009-2012.

Una empresa que Corredor aseguró haber conocido «por los medios de comunicación», y defendió la legalidad del proceso de contratación que llevó a cabo el equipo de su ministerio. En total, once personas han sido citadas a declarar en el juzgado número 24 de Madrid que investiga esta causa, pero Corredor reiteró que no es parte del procedimiento judicial. Respondió a la mayoría de las cuestiones que le puso el portavoz popular Luís Aznar con argumentos extraídos del derecho administrativo para demostrar que el proceso estuvo reglado en todo momento.

Fue la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona quien protagonizó una tensa discusión con Aznar. También reconoció haber conocido a Crespo Gomar «por la prensa». En clave política, Narbona defendió el plan de desaladoras que impulsó en 2004 y donde reconoció que hubo sobrecostes. Sobre el contrato de la empresa pública Acuamed con Crespo Gomar SL, aseguró que fue auditado por Intervención del Estado y Abogacía del Estado, y recordó que es una empresa quetrabajó «con todos los partidos políticos».