La exministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha declarado esta mañana en el Senado en de la Comisión para la Financiación Irregular de los partidos. Corredor ha asegurado que no conocía a la empresa Crespo Gomar hasta que saltó a los medios de comunicación hace apenas dos meses y jamás recibió "instrucciones" de contratar con esta empresa, por lo que ha reconocido tener "la conciencia tranquila".

La empresa está investigada en cuatro juzgados por presunta financiación irregular del PSPV y del Bloc (uno de los tres partidos de Compromís) y en el caso de la exministra, Crespo Gomar está siendo investigada por el trato de favor al haberle sido adjudicado un contrato en el Ministerio para dar publicidad al Plan de Vivienda en 2010.

Corredor se ha desvinculado a título personal de la adjudicación de este contrato porque no formó parte de la mesa de contratación, pese a que 11 profesionales del Ministerio que dirigió Corredor están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción 24 de Madrid.

La exministra ha insistido en diferentes ocasiones en que no es parte del procedimiento judicial por lo que solo conoce los trámites a través de los medios de comunicación. Ha recordado que la investigación judicial llevada a cabo en València por la relación entre el PSPV y Crespo Gomar terminó con el archivo de la causa dado que se probó que no hubo graves irregularidades. Además, ha recordado que "todos los partidos políticos de la C. Valenciana contrataron con Crespo Gomar".

El senador popular Luís Aznar le ha recordado que el contrato fue convocado "con urgencia", ante lo que Corredor ha reconocido que no resulta llamativo dado que forma parte del procedimiento regular si el contrato necesita ser adjudicado con agilidad. En este caso, dado que se trataba de dar a conocer el Plan de Vivienda, Corredor ha aludido al "interés público" y a un ejercicio de "responsabilidad política".

Preguntada por la rapidez de la tramitación, Corredor justificado que el procedimiento de contratación duró tres meses, de octubre a diciembre, porque en el caso de contratos de publicidad se requiere un ejemplo de creatividad para la valoración técnica, por lo que la puesta en marcha de la campaña de publicidad es fácil de resolver porque la creatividad "está hecha desde el principio".

La exministra ha respondido a la mayoría de las preguntas con argumentos del derecho administrativo para demostrar que el proceso estuvo reglado y siguió las órdenes ministeriales. Ha reconocido no poder dar más información porque no tiene acceso a la investigación judicial y ha defendido que la jueza en Madrid "solo esta demandando información administrativa y no hay acusaciones penales". "Los miembros de la mesa de contratación están acreditando a la jueza la legalidad del proceso", ha señalado.

Once personas de su equipo, investigadas

De los once profesionales del ministerio citados a declarar, tres fueron nombrados por Corredor. Nicolás Mateos fue su jefe de Gabinete desde 2008 a 2009, y declaró hace dos semanas en los juzgados de Madrid. Corredor ha defendido que Mateos firmó el procedimiento de contratación con Crespo Gomar dentro de las funciones que a él le venían dadas por su cargo.

Ha reconocido a todos los investigados en el juzgado, entre ellos Marcos Vaquer, quien fuera su subsecretario de Vivienda, Eva Cuesta, su jefa de prensa y de baja por embarazo durante el proceso de contratación investigado y Pedro Plasencia, que formaba parte del cuerpo técnico de funcionarios pero que no formó parte de su equipo directo.

La exministra ha aludido en todo momento que su conocimiento sobre la causa se limita a lo que se publica en los medios. Aún así, ha justificado que la jueza ha considerado "interesante" escuchar las versiones de los miembros de su equipo, y ha respondido por Mateos, Cuesta y Vaquer, los tres nombramientos que ella misma dictó.

Del resto, ha defendido su condición de funcionarios públicos y "la impecable" carrera que tienen. El personal eventual contratado y ahora investigado no fue designado por ella. Aún así, ha argumentado que si la Abogacía del Estado ha cedido a defenderles en el proceso judicial es porque no ven indicios de delito. Para Corredor es una muestra de que no hubo irregularidades.

El senador popular Luís Aznar le ha espetado a Corredor que alguno de los funcionarios que estuvo en la mesa de contratación, como Rita Lorite, declaró ante la jueza no saber "qué pintaba" en la mesa. Corredor ha afirmado "sentirse impotente" porque no conoce las declaraciones judiciales y no puede aportar más información.