La exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, ha asegurado que nunca conoció a los responsables de Crespo Gomar hasta que han saltado a los medios de comunicación. Se ha mantenido al margen de la investigación abierta por cuatro juzgados en España por posibles irregularidades que pudieron cometerse en adjudicaciones a esta empresa por cuatro ministerios de la etapa de Rodríguez Zapatero.

Uno de ellos, el de Medio Ambiente de Cristina Narbona, adjudicó varios contratos a Crespo Gomar. Por un lado, la empresa pública Acuamed firmó dos contratos para acciones de comunicación con la empresa por valor de 405.000 euros. Unos contratos que Narbona ha asegurado que fueron auditados por la Intervención del Estado y por la Abogacía del Estado sin encontrar ninguna irregularidad.

“Que yo sepa no están siendo objeto de ninguna investigación”, ha afirmado en la Comisión del Senado que investiga la financiación irregular de los partidos. Ha reconocido no tener constancia de estos contratos hasta que el juzgado valenciano abrió el caso, y fueron firmados por un directivo de alta confianza de Narbona, Adrián Baltanás. Ha asegurado que de haber habido sospechas de estar firmando un contrato irregular, “habría tomado medidas”.

El portavoz popular Luís Aznar también ha recordado otro contrato firmado con Crespo Gomar, esta vez por Aguas del Júcar, también dependiente del Gobierno, por valor de 235.000 euros.

El tercer contrato de publicidad que Aznar ha sacado a la palestra es el de Acuamed con la Asociación Española de Desalación y Reutilización, a quien donó 200.000 euros para hacer una campaña de publicidad junto a las empresas miembro de la asociación en favor de las desalizadoras que impulsó el Plan Agua de Narbona.

Una acción publicitaria que contó “con las donaciones que cada empresa quiso hacer a la asociación”, y Narbona subrayó que nunca se dijo que se devolvería. Narbona dio la orden de que hubiera cuantas campañas fueran necesarias para que la población supiera “que el agua desalada no mataba a las personas ni a los cultivos”, y ha considerado “lógica” la inversión en comunicación “tras el desprestigio del PP frente a las plantas desalinizadoras”. El contrato fue adjudicado a la empresa de comunicación Bassat Ogilvy.

En el año 2016, las empresas que habían realizado estas donaciones reclamaron que se les devolviera el dinero, y Narbona ha indicado que eso “nunca se firmó”, y ha asegurado que no tenían derecho “a recuperar el dinero entregado voluntariamente para la campaña”.

Ha descartado “mordidas” y una “caja B”, tal como le ha acusado Luís Aznar porque “como ministra, no admito que nadie me diga en sede parlamentaria que he formado parte de una Caja B”.

Preguntada por los sobrecostes de 214 millones de euros en la construcción de algunas desalinizadoras del plan, Narbona ha declarado que la inversión que se planificó era “análoga” a la inversión que pretendía hacer el gobierno de José María Aznar con el trasvase del Ebro. Ha señalado que el informe de la UCO dijo que los sobrecostes estaban justificados porque fueron causados por las trabas administrativas.

Narbona, que ha realizado su intervención en clave política, ha recriminado que si no se cumplió la creación de todas las plantas desalinizadoras fue por los “obstáculos” que los gobiernos del PP puso, y ha ensalzado los beneficios que este plan ha dado a España hasta la actualidad.

De hecho, Narbona ha iniciado su intervención haciendo un repaso a los tres obstáculos que se encontró como ministra para sacar adelante el Plan Agua y, en concreto, las desaladoras. Esos obstáculos los ha clasificado, en primer lugar, como “amenazas” a quienes mostraran la menor propensión de aceptar las iniciativas del gobierno de Zapatero. Aseguró que en su primera visita a Valencia para firmar un convenio con las universidades, los rectores declinaron la invitación de porque el presidente valenciano Francisco Camps amenazó a los rectores con quitarles las subvenciones a las universidades.

Ha puesto otro ejemplo donde también Camps amenazó al alcalde de Oropesa, ciudad que contaría con una desaladora. No firmaron públicamente el convenio porque el alcalde temía las “consecuencias” de la Generalitat.

Narbona ha lamentado que además de las amenazas también tuvo que soportar las “descalificaciones” que generaron alarma social y empresarial. Ha citado las declaraciones que hizo el popular González Pons, quien afirmó que las plantas de desalinización eran “las centrales nucleares del mar”. Ante declaraciones políticas así, ha indicado que las empresas temían por la viabilidad de las correspondientes inversiones.

Por último, Narbona se ha referido al tercer obstáculo: trabas administrativas “de todo tipo y condición”. En el caos de Torrevieja, Narbona pidió amparo al tribunal Constitucional, que se pronunció sobre la pertinencia de aquellas obras a favor de la construcción de esa planta.