La Fiscalía Provincial de Valencia a través de la sección de los derechos de los consumidores ha iniciado diligencias encaminadas a analizar las consecuencias del cierre de las Clínicas iDental por la posible existencia de conductas contrarias y en perjuicio de los derechos de los consumidores. Esta es la respuesta a la solicitud de paralización de los créditos que el pasado 14 de junio la Unión de Consumidores de Valencia presentó a la Fiscalía Provincial de Valencia y en la que comunicaba los perjuicios económicos y la situación de indefensión en la que se encuentran miles de afectados, que tienen que seguir abonando las cuota de los préstamos que suscribieron para financiar los tratamientos odontológicos y que no van a recibir debido al cierre de las Clínicas iDental.

Otra de las vías judiciales que la Unión de Consumidores de Valencia está intentando que se reconsidere es la vía penal. Aunque el pasado 20 de julio la Fiscalía procedió al archivo de la denuncia contra las Clínicas iDental por un posible delito de estafa, la UCV está llevando a cabo actuaciones ante este órgano judicial encaminadas a la reapertura de las diligencias penales. En este sentido, la Unión de Consumidores de Valenciana ha remitido a la Sección Penal de la Fiscalía un escrito ampliando y actualizando los hechos denunciados en un primer momento, ya que la situación de las Clínicas iDental desde el pasado 30 de mayo, fecha de la primera denuncia, según argumentan, "a día de hoy ha cambiado y se han producido nuevas circunstancias que deben tenerse en cuenta".

La Unión de Consumidores de Valencia considera que los responsables de las Clínicas iDental han podido incurrir en delitos contra la salud por abandono de pacientes, así como delitos de estafa por el cierre unilateral de las clínicas, interrupción de los tratamientos, no establecer mecanismos efectivos para la resolución de los préstamos vinculados y devolución de los importes cobrados directamente a los afectados por la totalidad de unos tratamientos que no se van a realizar.

La Unión de Consumidores de Valencia ha recordado que continúa tramitando y asesorando a los afectados y solicitando a las financieras de los créditos concedidos para los tratamientos odontológicos que paralicen el cobro de las cuotas pendientes a los consumidores afectados. Vicente Inglada, secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, considera positiva esta decisión judicial ya que "supone un paso adelante en defensa de los derechos de las personas consumidoras".