La venta de atún rojo se ha convertido de unos años a esta parte en un lucrativo negocio. Su pesca está controlada y las sanciones a los pescadores furtivos pretenden poner cerco a la explotación de este bien limitado.
Un juzgado de Picassent coordina una macroperación policial contra una trama de empresarios del sector de la pesca y la venta al por mayor de pescado que presuntamente eludían los controles y comercializaban de forma ilegal con este preciado atún, por el cual se han llegado a pagar cantidades desorbitadas a 3.000 euros el kilo. Además, algunos de ellos adulteraban atún común para incrementar su precio en el mercado.
Agentes de la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de la Guardia Civil han detenido a al menos seis empresarios, cinco de ellos dedicados a la pesca y venta al por mayor, y uno meramente como distribuidor, y ha realizado una veintena de registros en todo el país.
Los seis arrestados fueron puestos a disposición judicial ayer por la mañana. El Juzgado de Instrucción número tres de Picassent, encargado del caso, les tomó declaración y los dejó en libertad con cargos tras adoptar las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.
Los acusados de un delito contra la fauna, de falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, deberán acudir a firmar periódicamente al juzgado, se les ha prohibido la salida del territorio nacional y el juzgado les ha retirado el pasaporte.
«Operación Tarantelo»
Las investigaciones comenzaron en mayo de 2017 cuando agentes de la Ucoma tuvieron constancia de que pescadores y empresarios podían estar actuando de forma furtiva en la captura de atún rojo y su posterior salida al mercado. Dio así comienzo la «Operación Tarantelo», cuyo nombre se debe a una de las partes más cotizadas de este tipo de pescado.
Durante un largo año, y bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número tres de Picassent, los investigadores controlaron mediante escuchas telefónicas a los sospechosos. Según ha podido saber Levante-EMV, los supuestos cabecillas son dos conocidos empresarios de Murcia, y se han producido también arrestos en València, Málaga y Algeciras. También mayoristas de pescado y con flotas de barcos pesqueros.
Al parecer, las capturas del atún rojo se realizaban en una zona del Mediterráneo, próxima a las costas italianas. Para eludir los controles, ocultar la procedencia del pescado y no superar los cupos de pesca de esta codiciada presa, los detenidos presuntamente habrían falsificado documentos, de ahí que se les impute también dicho delito.
Las actuaciones están secretas y no se descartan más detenciones en los próximos días. Asimismo, se han realizado registros en empresas de València, Murcia, Alicante, Málaga y Algeciras, así como en los mercados centrales de Madrid, Barcelona y Sevilla, lonjas y otros distribuidores. En la provincia de Alicante se ha registrado una nave y tres viviendas, mientras que en València ha sido arrestado al menos un empresario del sector.
Además del delito contra la fauna, concretamente por pesca furtiva de atún rojo, una de las vertientes de la investigación derivó en una posible adulteración de atún de peor calidad que era vendido como si se tratara del preciado pescado. Para lograr su color tan característico, las piezas eran teñidas con remolacha en algunos casos.
Las investigaciones continúan abiertas y los seis empresarios arrestados quedaron en libertad con cargos tras acogerse ayer a su derecho a no declarar.
