La casualidad quiso que ayer mientras el dispositivo policial custodiaba la entrada a la Diputación de València, la plaza de Manises recibía a los trabajadores brigadistas de Divalterra que se manifestaron, como cada miércoles y viernes desde hace dos meses.

Fue entonces cuando comenzaron a reivindicar dos puntos: el primero, dejar de ser vinculados a Divalterra, la heredera de Imelsa que fue salpicada por dos casos de corrupción. El segundo, la mejora salarial, dado que los 700 brigadistas contratados por la empresa pública no superan los 1.000 euros mensuales.

Ayer, su manifestación cobró más sentido que nunca. Las oficinas de su empresa se cerraron a los agentes de la UDEF. Ángel Bou, representante de CC OO en Divalterra, manifestó el «agobio y asfixia» que supone este nuevo golpe judicial a la empresa de la que forman parte. Imelsa fue una marca que no les representaba, pero «visto lo visto seguimos igual», afirmó ayer.

Confirmó que entre los 700 brigadistas existe preocupación e incertidumbre. «Venimos de estar salpicados por el caso Imelsa y el caso Taula», y señaló que tras ambos escándalos judiciales nace la «pretensión» de ser empleados de la Diputación de València y desvincularse de Divalterra.

Ayer, los brigadistas que secundaron la pitada en la Plaza de Manises fueron 40, aunque no es una cifra indicativa dado que la secundan aquellos que tienen días libres y coincidan con el miércoles o el viernes. Ayer, en contra de la norma, no pitaron, sino que aprovecharon la presencia de los medios de comunicación para hacer eco de sus peticiones.

Los responsables de Divalterra les instaron a estar tranquilos y aparentemente no habrá ninguna consecuencia en el cobro de sus nóminas.

Sin embargo, Bou puso en relieve la paradoja de estar demandando en las manifestaciones «sueldos dignos que superen los 1.000 euros» por jornadas de más de 10 horas diarias mientras los agentes de la UDEF investigan contratos de altos cargos que superaban los 50.000 euros anuales.