Dos presidentes y la misma piedra. La Diputación de València ha sufrido en menos de dos años y medio las detenciones de sus dos máximos responsables, Alfonso Rus (PP) y Jorge Rodríguez (PSPV-PSOE), en sendas operaciones contra la corrupción que tienen marcado a fuego el nombre de una empresa pública ya maldito para la institución provincial: Imelsa, la actual Divalterra.
Con unos 700 trabajadores y dedicada a la gestión forestal y a las iniciativas de empleo local y rural en sus inicios, esta firma tiene ahora como objetivo «la promoción, apoyo y participación en actividades económicas, empresariales y sociales que contribuyan al desarrollo socioeconómico de los municipios de la provincia de València».
Entre sus áreas figuran la gestión del medio rural, la regeneración de zonas verdes urbanas, el medio ambiente y el turismo, todo ello enmarcado en un proyecto del PSPV y Compromís -socios de gobierno junto a Esquerra Unida- de enterrar la Imelsa del PP con un nuevo nombre pero que ha terminado siendo investigado por varios contratos de alta dirección denunciados por la Fiscalía Anticorrupción.
Pero es que, además, Divalterra ha vivido varias polémicas políticas en estos tres primeros años de legislatura, como la que desembocó en la dimisión de su gerente, el socialista Víctor Sahuquillo, ante las acusaciones de la oposición de que la estaba convirtiendo en su «garito particular», con contratos fraccionados y «a dedo», y gastos de 252 euros en alcohol cargados a la empresa que devolvió al dimitir.
La marcha forzada de Sahuquillo evidenció el desdoblamiento de ese cargo en dos cogerentes para intentar garantizar su transparencia, uno del PSPV (que pasó a ser para Xavier Simón) y otra de Compromís (Agustina Brines). Ambos fueron ayer detenidos.
Cabe recordar que el nombre de Imelsa lleva cuatro años asociados a causas judiciales. El germen fue en el verano de 2014, cuando EU llevó a la Fiscalía Anticorrupción unas grabaciones efectuadas durante años por el exgerente de Imelsa y autodenominado «yonqui del dinero», Marcos Benavent, que su suegro desveló tras un conflicto familiar.
Sin embargo, no fue hasta el 26 de enero de 2016 cuando las detenciones evidenciaron la existencia de indicios de corrupción en una red mucho más extensa de lo sospechado inicialmente. Imelsa se erigió en uno de los icebergs de la corrupción valenciana, especialmente con el arresto de Rus, uno de los políticos más mediáticos que tenía entonces el PP.
Desde el inicio de la instrucción de aquella causa se detectaron supuestos cobros de comisiones ilegales, amaños en contratos desde varias administraciones públicas, blanqueo de capitales e incluso delito electoral, que se ha ordenado en una causa principal y varias piezas separadas.
En la primera de ellas, la A o la del «pitufeo», se investigan los supuestos delitos de blanqueo de capitales y delito electoral y constan como investigadas medio centenar de personas, entre ellas todos los ediles del PP en el Ayuntamiento de València -salvo uno independiente-, además de exconcejales -una de ellas, María José Alcón, ha muerto este mes-, asesores y personal del grupo.
El caso Imelsa, que tuvo su origen en una operación policial denominada «Taula», ha dejado a su paso un reguero de sospechas e imputados en las filas del PP que prácticamente han invisibilizado a esta formación en el Ayuntamiento de la capital y la Diputación.
Con el avance de la investigación se ha ido desenvolviendo una madeja que ha alumbrado una historia de billetes escondidos tras cuadros, amenazas, grabaciones escandalosas, traiciones y lealtades fracturadas que han acabado con un PP local dirigido por una gestora y la caída del imperio de intereses tejido por Rus.
El que ahora está detenido es Jorge Rodríguez, junto a parte de su equipo y los cogerentes de Divalterra. El foso vuelve a abrirse dispuesto a tragarse a otro presidente de la Diputación de València.
