Tanto el PSPV como Compromís rechazaron ayer cualquier vínculo de la investigación judicial de la «Operación Alquería» con una financiación irregular de los partidos.

Al contrario, las fuentes consultadas aclararon que las aportaciones de altos cargos y militantes electos están reguladas, desgravan y se declaran en el IRPF.

De hecho, el president Ximo Puig descartó ayer «cualquier tipo de financiación ilegal», dado que las donaciones son voluntarias y están regladas tanto por la legislación vigente como por la dinámica interna de los partidos.

Además, aseguró que la investigación judicial está «circunscrita» a otra causa y no involucra a la financiación de los partidos.

En Compromís, un responsable señaló que es financiación «clara y transparente, nada de en negro o B». Los altos directivos de Divalterra abonaban hasta marzo, momento en el que fueron despedidos, alrededor de 2.000 euros anuales y una cantidad mayor en el caso de la cogerente, Agustina Brines.