La entidad Acció Cultural del País Valencià y los rectorados de las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana han fijado la aprobación de la Ley de Función Pública como un reto del Govern del Botànic para ser aprobado antes de que termine la legislatura. Así, emplazan al Consell a aprobar una ley que incluye la competencia lingüística y garantiza que la Administración Pública valenciana «puede relacionarse indistintamente en las dos lenguas oficiales», declaró el secretario de ACPV, Toni Gisbert.
Ayer presentó un manifiesto con la aprobación de las cinco universidades públicas con otros tres retos en materia de políticas lingüísticas y culturales.
Antes de 2019 debería ponerse en marcha es la reciprocidad de emisiones con TV3 y Catalunya Radio, cumpliendo así con el acuerdo firmado en 2013, así como recuperar la colaboración cultural normalizada con otros territorios, que en el caso de Cataluña fue suspendido cuando se aplicó el artículo 155. Gisbert apuntó que el cuarto objetivo debería ser prestar una atención especial a las comarcas valencianas del sur, cuya realidad lingüística es distinta y se necesita promover la lengua y la cultura con otros mecanismos.
Estos cuatro puntos, según indicó Gisbert, están puestos en marcha por el Botànic y su consecución es «perfectamente posible». De hecho, aseguró que el grupo de trabajo con las universidades comenzará en septiembre a redactar un documento que suponga una verdadera propuesta en materia lingüística y cultural «que no se centre en revertir las políticas el PP» sino que sea una base para un segundo gobierno del Botànic.
