El exsecretario general del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV) Ricardo Costa ratificó ayer ante el juez y el fiscal Anticorrupción del Caso Taulade la Generalitat a cambio de contratos en la empresa pública Ciegsa.

Se trata de las empresas del empresario alicantino Enrique Ortiz, Rover Alcisa y Secopsa, según confirmnaron a Levante-EMV fuentes conocedoras de su declaración.

Costa ya aludió a estas entregas de dinero para financiar al partido durante el juicio en la Audiencia Nacional por la presunta financiación irregular del PPCV en las elecciones de 2007 y 2008, en el que ha sido condenado a cuatro años de cárcel.

«Recibí una llamada a finales de julio o principios de agosto de Vicente Rambla y me pidió que teníamos que recoger unas cantidades en efectivo a otras empresas. Yo acepté ir a recoger el dinero o mandar a gente a recoger el dinero. Yo hablo con David Serra y una segunda persona y recogen el dinero: (...) 150.000 euros a Rover Alcisa, 15.000 a Secopsa y 350.000 euros a Enrique Ortiz», declaró ante el magistrado José María Vázquez Honrubia el pasado 24 de enero.

La novedad aportada por Costa ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de marzo y ratificada ayer en el Juzgado de Instrucción 18 de València y el fiscal Anticorrupción es que estas aportaciones se realizaron a cambio de que las tres empresas contratistas obtuvieran un presunto trato de favor en las contrataciones de Construcciones e infraestructuras educativas de la Generalitat Valenciana SA (Ciegsa).

Unas revelaciones que han provocado la apertura de la octaba pieza separada en el Caso Taula para investigar investigar el presunto pago de mordidas en Ciegsa relacionadas con la presunta financiación ilegal del PPCV.

Enrique Ortiz y Rover Alcisa niegan haber realizado estos pagos a cambio de contrataciones. El empresario alicantino también está siendo investigado en dos piezas del Caso Brugal (por irregularidades en el Plan de Resíduos de la Vega Veja y el presunto amaño del Plan General de Alicante).

Y, además, acaba de ser condenado por la Audiencia Nacional por financiar ilegalmente al PP durante la campaña electoral de 2008 con una aportación de 300.100 euros camuflados en seis facturas falsas pagadas a la empresa Orange Market, la sucursal valenciana de la Gürtel.

Ortiz consiguió eludir la cárcel al admitir los hechos y ser condenado a 15 meses de cárcel por delito electoral en las elecciones de 2008 y falsedad documental (en las facturas mendaces) eludibles mediante el pago de una multa de 109.500 euros, según la sentencia de la tercera pieza de la tama Gürtel en juzgarse y condenarse.

Tras declarar durante cuarenta minutos en sede judicial, Costa únicamente confirmó a los periodistas que lo esperaban a la puerta de la Ciutat de la Justícia que había acudido a declarar para «colaborar con la justicia, como hago siempre, desde que declaré en la Audiencia Nacional y en todos los procedimientos en los que soy llamado». Aunque acto seguido advirtió que «como siempre, no voy a hacer ningún tipo de comentario sobre mi declaración».

Tras la comparecencia de Costa, también declaró ante el juez y el Fiscal Anticorrupción del Caso Taula un testigo que ratificó las entregas de dinero reconocidas por el exsecretario general del PPCV, lo que apuntala la veracidad de la confesión del exdirigente popular. En esta nueva pieza separada aún no se han producido imputaciones, aunque el juez sí ha ordenado la identificación de varias personas implicadas en el pago de las mordidas.