29 de junio de 2018
29.06.2018
Consecuencias

A Divalterra se le acaban las vidas

La dirección del PSPV es partidaria de liquidar la empresa, descabezada y con el director jurídico como único gobernante

28.06.2018 | 23:14
A Divalterra se le acaban las vidas

Jorge Rodríguez, recién aterrizado en la Diputación de València, sopesó eliminar Imelsa, la empresa conocida en media España por ser el epicentro de una gran trama de corrupción con el yonqui del dinero (Marcos Benavent, exgerente de la sociedad) y el expresidente de la corporación Alfonso Rus en el foco de las investigaciones.

Decidió salvarla, someterla a una operación de limpieza interna, tachar zombis y que pasara a colaborar con fiscales e investigadores.

Ahora que Rodríguez ha dormido en el calabozo se sospecha que lo que hizo también fue colocar a una decena de personas de PSPV y Compromís a dedo, con sueldos elevados y con competencias dudosas bajo la consideración de altos directivos, aunque en realidad 7 de ellos no lo serían.

Eso es lo que piensan los investigadores de la UDEF que el miércoles pasado registraron la sede de la empresa, los edificios de la diputación y el Ayuntamiento de Ontinyent (Rodríguez es alcalde del municipio) y los domicilios de este último y sus dos más directos colaboradores.

No fue la única vez que el joven político meditó cortar por lo sano y cerrar la empresa rebautizada como Divalterra: cuando aceptó la dimisión de su amigo Víctor Sahuquillo como cogerente también lo tuvo en mente.

Lo que no hizo el aún presidente (está por ver por cuanto tiempo) posiblemente lo haga el que venga, si finalmente viene (Toni Gaspar es el mejor situado como elegido por la ejecutiva nacional del PSPV).

En Blanqueries la operación Alquería ha dejado un regusto muy amargo y el reflujo puede ser mortal para la empresa de la diputación. Fuentes de la dirección de país de los socialistas son contundentes: conviene extinguir Divalterra por la mala reputación y las prácticas que arrastra, afirman a Levante-EMV.

Pero el criterio, matizan, solo sería para la citada firma, dada su situación y la reiteración en el escándalo. El partido sigue creyendo en el sector público y defendiéndolo.

Compromís deja algo de margen. Prefiere no hablar de liquidación a corto plazo por las dificultades técnicas que comportaría. «Pero en la agenda del nuevo titular de la diputación ha de estar repensar y reformular en profundidad e inmediatamente la empresa», afirma un dirigente de la coalición.

Los socialistas son también más drásticos con los hasta ahora responsables de la vieja Imelsa. Admiten que el cogerente detenido, Xavier Simón, no puede continuar, a pesar de no llevar ni un año en la entidad. Los de Compromís eran partidarios ayer de esperar a ver la situación judicial en que queda su cogerente, Agustina Brines, antes de tomar una decisión. La dirección está previsto que se reúna hoy para fijar alguna postura.

De momento, con los cogerentes investigados y en el calabozo (salieron ayer tarde), la empresa ha quedado con solo el director jurídico, José Luis Vera, en la cúpula. Según comentaron algunos empleados, ayer se esforzaba por lanzar un mensaje de tranquilidad al personal. El grupo más importante, el de los brigadistas forestales (unos 700), ya abogó el pasado miércoles por quedar adscrito directamente a la diputación y no a la empresa.

Los otros seis altos directivos fueron destituidos en marzo: una remodelación que se los llevó por delante. Fue después de la polémica por la contratación, otra vez más a dedo, de dos nuevos (en sustitución de dos que se habían ido). Tras la denuncia a Fiscalía de Ciudadanos, Rodríguez eliminó las seis plazas dudosas de altos directivos.

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