29 de junio de 2018
29.06.2018
Investigación

Dos informes alertaban a Rodríguez de la responsabilidad penal en las contrataciones

Los documentos realizados en la etapa de Sahuquillo por dos consultoras advertían de un posible fraude de ley

29.06.2018 | 04:15
La policía, durante el registro en la sede de la Diputación de València.

A Jorge Rodríguez y sus colaboradores les pudo sorprender el pasado miércoles la operación policial en la que acabaron detenidos, pero tenían por escrito las consecuencias penales que podía tener que una empresa como Divalterra (con más de 700 empleados pero la gran mayoría brigadistas forestales) tuviera hasta diez altos directivos, con sueldos totales de cerca de 80.000 euros anuales por persona y elegidos a dedo.

Al menos dos informes que habían estado encima de la mesa del consejo de administración de la compañía advertían de la posibilidad de prevaricación por la forma de realizar estas colocaciones.

Uno, según la documentación aportada al consejo, lo realizó el bufete Acal, que no es desconocido para el presidente de la Diputación de València. Subraya las relevancias penales que se podían derivar de la actuación.

El otro lo firma el asesor laboral de la consultora Tomarial. Las conclusiones son similares. Ambos fueron encargados en la época de Víctor Sahuquillo como cogerente de la empresa. El citado es el gestor de confianza de Rodríguez con el que quiso tomar el control de una entidad que consideraba que operaba por libre y fuera del paraguas de la corporación. No se trataba, por tanto, de iniciativas adoptadas por la empresa para protegerse del presidente y su equipo.

Los dos documentos forman parte de la docena de informes contrarios a los altos directivos que, como se ha publicado, acumuló Divalterra.

El último citado, el de Tomarial, según fuentes del consejo, consideraba la hipótesis de dar poderes a la decena de altos directivos, como si todos compartieran la gerencia, para concluir que era un escenario inviable porque conducía a un posible fraude de ley.

Es relevante, porque esa es la argumentación que prevaleció al final en 2018, cuando el asunto de los altos directivos volvió al consejo a cuenta de la contratación de dos hasta entonces asesores de Rodríguez como altos directivos de la sociedad. Un informe del secretario del consejo y letrado de la diputación, Jorge Cuerda (otro de los detenidos en la operación), avaló esta teoría.

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