El concejal de Paterna y diputado provincial de Ciudadanos, Jorge Ochando, fue ayer también blanco de las miradas al haber sido la persona que promovió la denuncia sobre las contrataciones de siete puestos de alta dirección en Divalterra sin pasar por el Consejo de Administración.

El edil confesó a Levante-EMV estar «muy sorprendido» por el desarrollo de los acontecimientos. «No imaginábamos que nuestra denuncia iba a acabar con detenciones. Es evidente que aquí hay algo más gordo que nuestra denuncia por los contratos», reconocía a este diario.

Ochando llegó a la Diputación de València en julio de 2017 y se encontró con la auditoría de Divalterra «que ya hablaba de 10 contratos de alta dirección». Al pedir las actas del consejo de administración de la empresa pública y realizar las primeras comprobaciones, observó que tres de los contratos sí que habían pasado por el organismo (los dos gerentes y el director jurídico) pero otros siete no.

«En septiembre empecé a pedir los informes que avalaran esas contrataciones y me fueron dando largas», añade el edil, que siguió el caso hasta febrero pasado, cuando en Divalterra intentaron contratar a otras dos personas. «En esa operación, el informe técnico era correcto pero deslizaba que las contrataciones anteriores se podían haber hecho de forma irregular», indica el edil, que allí tuvo la base para su denuncia posterior.

Finalmente, Ochando se plantó en la Diputación con un notario y exigió los informes de los contratos. «Me dieron solo dos y eran desfavorables», indica.

Por ello, acudió a la Fiscalía a denunciar estos hechos, «ya que se había vulnerado la legislación y los propios estatutos de Divalterra con esos contratos».

La denuncia la complementó con un apartado sobre un «órgano que parece que está funcionando paralelamente al Consejo de Administración y es donde se pueden estar tomando las decisiones». De este consejo de dirección, «tuvimos la certeza de que existía cuando convocaron por error a una sesión al diputado popular Rafael Soler y luego él pidió explicaciones en el Consejo de Administración. De ahí que Ciudadanos pidió también al fiscal que lo investigue.