El presidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, sus tres asesores y los dos gerentes de Divalterra quedaron ayer libres, pero con cargos, tras comparecer ante el magistrado del Juzgado de Instrucción 9 y el fiscal Anticorrupción.
Los seis continúan siendo investigados por los presuntos delitos de prevaricación y malversación por los que fueron detenidos a primera hora de la mañana del miércoles en el marco de la «Operación Alquería». Una investigación provocada por promover y aprobar la contratación de diez altos cargos en la empresa pública dependiente de la diputación, Divalterra, heredera de Imelsa, uno de los epicentros de la investigación del Caso Taula.
Jorge Rodríguez y su equipo de confianza en la Diputación de València se acogieron ayer a su derecho a no declarar ante el juez de Instrucción 9 y el fiscal Anticorrupción.
También declinaron ofrecer su versión ante los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional durante las horas que permanecieron bajo custodia policial en el complejo de Zapadores, donde todos pasaron la noche, según confirmaron a Levante-EMV fuentes de las defensas. En total 36 horas detenidos, desde que se inició la «Operación Alquería» a primera hora de la mañana del miércoles.
La razón para este silencio es obvia y suele ser la actitud que adoptan todos los investigados en las causas que permanecen secretas, por recomendación de sus abogados. El mismo Jorge Rodríguez lo explicó a los numerosos periodistas que lo esperaban a la salida de los calabozos, en la parte trasera de la Ciutat de la Justicia.
«He dicho al juez que no podía declarar. Entendía que no se podía declarar en un caso que está bajo secreto del sumario y que lo oportuno era esperar a conocer de qué se acusa en realidad».
Rodríguez y el asesor Manuel Reguart fueron los únicos que quisieron hacer declaraciones antes de abandonar la Ciutat de la Justicia arropados por sus familias y miembros de su equipo en la Diputación de València.
El todavía presidente de la institución provincial y alcalde de Ontinyent aseguró encontrarse «muy tranquilo». Aunque rechazó comentar la decisión del PSPV-PSOE de suspenderle de militancia y proponer la suspensión de todos sus cargos. «Es la primera noticia que tengo [tras permanecer treinta y seis horas detenido] y no la voy a valorar. Pero es bastante lógico cuando hay una situación como la que acabamos de vivir».
Sobre las acusaciones que penden sobre él y su equipo por prevaricación y malversación, Rodríguez declaró: «Nosotros estamos absolutamente tranquilos. Una acusación de una malversación de dos millones de euros es una auténtica barbaridad y creo que la desproporción ha sido absoluta pero ahora no puedo deciros mucho más que esto».
El mismo diagnóstico sobre la «Operación Alquería» expresó el asesor de Rodríguez, Manuel Reguart. «Es una barbaridad y un despropósito lo que han hecho con nosotros», aseguró mientras abandonaba el recinto judicial.
El resto de colaboradores de Rodríguez que también quedaron en libertad Xavier Simó (gerente de Divalterra), Ricard Gallego (jefe de gabinete), Jorge Cuerda (secretario-letrado asesor de Divalterra) y Agustina Brines (gerente de Divalterra) declinaron hacer declaraciones. Aunque los letrados de Simó y Cuerda sí confirmaron que quedaban «en libertad» y «sin [obligación de] venir a firmar».
La única medida exigida por el juzgado es la obligación de comunicar «cuantos cambios de domicilio» realicen así como la «obligación apud-acta de comparecer ante el juzgado cuantas veces fuere llamado, así como facilitar un número de teléfono en el que pueda ser localizado», según el «auto de libertad y detención sin efecto» entregado ayer a los seis detenidos en la «Operación Alquería», al que ha tenido acceso Levante-EMV.
Causa secreta hasta septiembre
La investigación judicial que ha erupcionado en la «Operación Alquería» sigue secreta y seguirá en esta situación, con toda probabilidad, hasta después del verano, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de los hechos.
Los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid para la Operación Alquería y los efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia tienen ahora que procesar y clasificar la documentación requisada durante los registros en la Diputación de València, el Ayuntamiento de Ontinyent, la sede de Divalterra y cuatro viviendas particulares de los detenidos.
La intervención en la corporación municipal de la capital de la Vall d´Albaida provocó el primer día de la «Operación Alquería» especulaciones sobre la posibilidad de que los investigadores siguieran la pista a «algo más», aparte de los diez contratos de alta dirección en Divalterra investigados.
A falta de que el levantamiento del secreto confirme los detalles concretos de la investigación, las indagaciones no se extienden a ninguna contratación del Ayuntamiento de Ontinyent, según ha podido confirmar Levante-EMV de fuentes conocedoras de la actuación policial.
Los hechos investigados sólo se centran en la presunta prevaricación y malversación cometidas en las diez contrataciones realizadas en Divalterra, denunciadas por los grupos de la oposición en la diputación, PP y Ciudadanos.
Y, sobre todo, en los «siete directores de área con contrato de alta dirección» elegidos a dedo en noviembre de 2015 y con salarios anuales de 50.000 euros más gastos de desplazamiento del domicilio al lugar de trabajo «con un coste para los fondos públicos de 75.000 euros al año», según la denuncia de Ciudadanos ante la Fiscalía presentada el pasado 3 de abril.
De estos siete altos cargos, tres son militantes del PSPV-PSOE y otros cuatro pertenecen a Compromís. La suma de todos sus salarios durante los tres años arroja un cómputo provisional de dos millones de euros, que es la cantidad de la que se acusa haber malversado a los máximos responsables de la Diputación de València y de Divalterra.
La fórmula para el nombramiento de todos ellos es el quid del debate administrativo y también penal, tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, de esta historia. PP y Compromís consideran que estas siete contrataciones «no deberían considerarse de alta dirección y su contratación debería haber seguido los principios básicos establecidos en el estatuto básico del empleado público» tal como también manifestó en diferentes ocasiones el secretario de la Diputación de València, Vicente Boquera.
De palabra y en sucesivos informes ignorados por «la gerencia y el presidente del consejo de administración [de Divalterra], Jorge Rodríguez, lo que supone un absoluto desprecio al derecho y consiguiente sustracción y malversación de los fondos públicos y desviación del destino de los mismos, donde se lesiona gravemente el buen funcionamiento de la administración pública».
Por ello, defienden que la contratación y nombramiento de los siete directivos debería haberse sometido y acordado al consejo de administración de Divalterra «para evitar el informe negativo» del secretario de la diputación, Vicente Boquera.
Aparte del cómo de estos contratos presuntamente irregulares, es previsible que la investigación de la «Operación Alquería» también ahonde en el para qué. Tal como refleja la denuncia de Ciudadanos, «es posible que los altos cargos» contratados a dedo destinaran el 2 % del salario a «donaciones o aportaciones a sus partidos políticos por el mero hecho de haberlos enchufado en la empresa pública» y que, como provienen de fondos públicos, supondría «una reiterada distracción, desviación y malversación de espacial gravedad».
