El revés judicial que sacudió el miércoles la Diputación de València dejó ayer un panorama de desasosiego en la institución provincial. Con Jorge Rodríguez detenido junto a sus dos asesores y los cogerentes de Divalterra, el president Ximo Puig movía ficha y proponía al diputado de Hacienda Toni Gaspar como candidato socialista a la presidencia.

Una iniciativa que causó cierto celo en Compromís, que no parece que vayan a claudicar. Al menos, no por ahora. No descartaron presentar un candidato y a juzgar por las declaraciones de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, no le dio mayor relevancia a la propuesta de Puig.

«No hay sucesor designado», afirmó, dejando claro que el que herede la presidencia «tiene que ser votado» por el resto de partidos que apoyan al gobierno. Es decir, Compromís, Podemos y EU.

Sin embargo, desde la formación en la diputación no quisieron salirse del guion. Por ahora, se centran en el cuatripartito y en mantener su solidez pese al terremoto político. Ayer, el despacho de la vicepresidencia, dirigida por Compromís, era un ir y venir de diputados desde el grupo socialista y al revés. Gaspar participó en las reuniones y no quiso hacer declaraciones sobre su postulado porque aún se está «montando» todo.

Por el momento, el equipo de la vicepresidenta no quiere hablar de nombres de futuros presidentes. Ni de Toni Gaspar, ni de si ellos propondrán a un candidato. Un paso detrás de otro hasta que Rodríguez mueva ficha.

Desde Podemos tampoco cuestionaron el nombre propuesto, pero pusieron el foco de atención en los cimientos de la diputación. No basta con cambiar al presidente, sino que creen que el nuevo sucesor debe tener entre sus líneas estratégicas el vaciamiento de las diputaciones en favor de la comarcalización.

Así, el secretario general de la formación, Antonio Estañ, ve en las seis detenciones de ayer un punto y aparte para comenzar a «aumentar la fiscalización (en las empresas públicas) y acelerar la supresión de las diputaciones».

Sobre el caso Alquería, Estañ criticó que a pesar del cambio político en el gobierno de la diputación tras las elecciones de 2015, el paso de Imelsa a Divalterra «sólo fue un cambio cosmético, pero la opacidad y el clientelismo se mantuvieron».

Por ello, según afirmó el diputado provincial por València en Comú, Berto Jaramillo, rescatarán una iniciativa que impulsaron junto a Rosa Pérez de Esquerra Unida en 2016 de suprimir Divalterra. En contraposición, pedían que la diputación asumiera a sus trabajadores, especialmente a los casi 700 brigadistas de la empresa.

En este sentido, desde Esquerra Unida aseguraron que su voto a favor del nuevo presidente dependerá de su interés por liquidar Divalterra.

Ambos grupos se mantuvieron al margen de valorar la candidatura de Gaspar dado que ninguno ha recibido un comunicado oficial por parte del PSPV. Jaramillo matizó que habrá que esperar a la decisión del PSPV y, sobre todo, de conocer el objeto de la investigación judicial para sopesar el apoyo que brindarán al partido.

En el PP, que se personará en la causa que investiga la «Operación Alquería» para conocer el proceso judicial, les pareció «correcta» la reacción de Puig de suspender a Rodríguez.

Sin embargo, Ciudadanos cuestionó «la legitimidad» de Puig para nombrar un relevo en la diputación, que solo hizo cuando Ferraz le presionó para actuar «ante un hecho tan grave».

Ahora bien, los dos partidos esperan una dimisión formal del presidente y están a expensas de ver si habrá un acuerdo en el relevo de Rodríguez entre los grupos del cuatripartito. Lo que sí tienen claro es que la regeneración parece no haber llegado a Divalterra, una asignatura pendiente «para todos los partidos de la gerencia» declaró Mari Carmen Contelles, portavoz del PP.