La supuesta «desproporción» de la Operación Alquería que el presidente de la diputación, Jorge Rodríguez, ha denunciado dejó paso a las argumentaciones en contra de los cargos por los que el titular de la corporación y sus colaboradores están investigados.

Los durante 36 horas detenidos se preguntan por qué la investigación recae sobre ellos cuando la investigación, a jucio de la información recibida, tiene su foco en los contratos de alta dirección aprobados en noviembre de 2015. Los siete contratos fueron firmados por el entonces cogerente socialista de Imelsa (hoy Divalterra) José Ramón Tíller, que fue cesado en febrero de 2016, y por Agustina Brines, por Compromís.

El jefe de gabinete del presidente Jorge Rodríguez, Ricard Gallego, fue fichado en 2016 para este cargo y ni él ni el otro asesor investigado, Manuel Reguart, contaban con firma dentro de Divalterra. No formaban parte del consejo de administración de la empresa pública. El letrado de la diputación y secretario del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda, accedió a ambos cargos en 2017, y en el caso del cogerente Xavier Simón, hace poco más de seis meses que accedió al cargo. Rodríguez sí que era presidente del consejo de administración. Aseguran además que la decisión contó con avales jurídicos.

Que el foco judicial se haya centrado en cinco cargos del PSPV mientras que de Compromís, con quienes comparten la responsabilidad y la gerencia de Divalterra, solo se investiga a Brines es otro aspecto incomprensible para la defensa de algunos de los investigados, cuando las decisiones se han ido adoptando de forma compartida.

Un indicio de que en la corporación existían sospechas de una posible investigación penal por las contrataciones en cuestión es la ruptura por lo sano que se hizo con todo este personal en marzo pasado. Se le dio forma de remodelación de la empresa, pero todo apunta a que fue la reacción cuando algunos miembros del consejo de administración tuvieron sospechas de que existía una investigación en firme de la Fiscalía Anticorrupción.

De los siete contratados en 2015 (se añadían a los dos cogerentes y al jefe jurídoco como personal de libre designación), entre los tres cargos decididos por el PSPV, Miguel Ángel Ferri, el que fuera director del área de Estudios, sería próximo al presidente Jorge Rodríguez. Los otros dos, Voro Femenia, de la dirección de Medio Rural, y Manuel Carot, de Zonas Verdes, serían propuestas de la dirección del PSPV sin más relación con el alcalde de Ontinyent.

Para todos los investigados consultados, no hay duda de que a actuación policial fue «desproporcionada». Se enfrentan a cargos de malversación y prevaricación por unas contrataciones no ajustadas a Derecho y que pudieron producir algún quebranto en las cuentas públicas. Según fuerntes jurídicas, ese escenario sería merecedor como máximo de penas de inhabilitación, por lo que las medidas cautelares aplicadas a ellos, esto es, el calabozo, serían mayores que la posible condena.