¿Precipitación por motivos políticos? ¿Exageración en la puesta en escena? ¿Exceso de contundencia, con noche de calabozo incluida? Aunque en el entorno judicial no sólo se niega que la Operación Alquería se haya materializado policialmente antes de lo previsto, sino que además el juez ha felicitado públicamente a los agentes por su trabajo, las voces críticas que han visto en la acción policial contra Jorge Rodríguez y su equipo de confianza «una actuación sobredimensionada» suman cada vez más adeptos. De hecho, la Operación Alquería se ha realizado en plena vorágine sucesoria en el Ministerio del Interior, justo antes de la sustitución de los cargos de confianza que componen la cúpula policial, un relevo habitual hasta ahora cada vez que se ha producido un cambio de signo político en el Gobierno central.

Entre los cargos que con toda seguridad serán relevados en los próximos días o semanas está el del jefe central de Información, Investigación y Ciberdelincuencia, esto es, el tercer máximo responsable de la Policía Nacional y la persona que conoce y supervisa todas y cada una de las grandes operaciones. El puesto lo ocupa ahora el comisario principal Juan Carlos Ortiz Argüelles, próximo a María Dolores de Cospedal, a quien conoció y con quien trabó amistad y una buena relación profesional cuando el primero era jefe superior de Policía en Castilla-La Mancha (llegó en 2010) y la segunda se hizo cargo de la presidencia de la Junta tras ganar las autonómicas de 2011.

Ortiz fue premiado con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras en octubre de 2016 por el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Pero quien realmente encumbró a Ortiz fue el sucesor de Fernández Díaz, Juan Ignacio Zoido, un hombre muy próximo a la línea de pensamiento de la candidata Cospedal. Zoido rescató a Ortiz de la comisaría general de Extranjería y lo elevó a número 3 de la Policía, poniendo en sus manos el máximo poder, como lo es que todos los servicios de información y de policía judicial estén en tus manos.

La base de las críticas

Algunas fuentes conocedoras de la operación y del trabajo que viene desarrollando desde hace años la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), conocida y respetada por su seriedad, mantienen que el asunto aún no estaba «para tirar», término con que la policía denomina a la ejecución de una operación como colofón a una investigación.

Pero, ¿tienen base las críticas que hablan de precipitación? Varios indicadores apuntan a que es más que posible que así sea; como mínimo, es cierto que los delitos de los que se acusa a los seis arrestados en Alquería rara vez derivan en un despliegue policial tan notorio, visible y contundente como el exhibido el miércoles, a tenor de cómo han actuado las fuerzas de seguridad en otros casos, ya sea por corrupción de cargos públicos o persiguiendo delitos de otro tipo.

En este caso, al menos de momento, se imputa a los arrestados dos delitos: prevaricación administrativa -haber nombrado a dedo a siete altos cargos de manera supuestamente irregular- y malversación -al ser irregulares los nombramientos, el salario que va asociado al cargo supondría un daño a las arcas públicas-. Así lo recogen todos los autos emitidos por el juez, lo que significa, a efectos prácticos, que la policía solo ha investigado y reunido evidencias sobre esos dos delitos, al primero de los cuales ni siquiera le corresponde pena de cárcel.

En otros casos con delitos similares, la policía judicial -tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil- suele optar por citar en sus dependencias a los investigados, detenerlos -mediante la firma del acta de lectura de derechos, sin que medie la colocación de grilletes porque ese tipo de delincuente no suele requerir el uso de un medio tan coercitivo-, tomarles declaración en presencia del abogado que designen y dejarlos en libertad, con la advertencia de que deberán acudir al juzgado cuando el juez les cite.

«¿En libertad? No, a Zapadores»

La sospecha crece al conocer algunas frases pronunciadas, según testigos presenciales, por algunos de los policías durante las largas horas de registro, en los domicilios, el Ayuntamiento de Ontinyent, en Divalterra y, finalmente, en la Diputación de Valencia. Cuando estaba a punto de finalizar precisamente este último registro, uno de los agentes le habría dicho a su superior que el siguiente paso sería tomar declaración a Jorge Rodríguez y al resto de detenidos y luego enviarlos a sus casas. «El comisario respondió que ni hablar, que se iban a Zapadores (el complejo policial de Valencia que alberga los calabozos)», asegura un testigo de la escena que prefiere mantener el anonimato y que asegura que el policía preguntó una segunda vez, por si cabía un error de interpretación, y que obtuvo la misma respuesta.

Horas antes, cuando los agentes de la UDEF y de la Unidad Central de Ciberdelincuencia precintaban documentación y volcaban el contenido de los ordenadores a sus discos duros en los despachos del consistorio de Ontinyent -un problema con las líneas hizo que esa diligencia se dilatara mucho más tiempo de lo previsto-, uno de los agentes llegó a comentar a uno de los arrestados: «Nos dijeron que esto había que acelerarlo, no sé más».

El policía no aclaró si se refería a que la operación debía hacerse antes de que comenzara el periodo de vacaciones, cuando las plantillas policiales se quedan bajo mínimos, o si apuntala aún más la sospecha de la precipitación interesada. Lo cierto, como dice uno de los arrestados, es que «ninguno de nosotros tenía previsto ningún viaje, así que no creo que pensaran que había peligro de que huyésemos...».