¿Paso atrás en la conservación de la naturaleza o un medio ambiente libre de peligros? Las especies exóticas invasoras no consiguen poner de acuerdo a ecologistas, cazadores, pescadores, científicos ni, por descontado, a la clase política.

El Congreso acaba de aprobar esta semana la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que fija excepciones para poder cazar y pescar especies exóticas invasoras, con el voto a favor de PP, Ciudadanos, PNV y PdeCat, en contra de Unidos Podemos, Compromís, ERC y el PSOE, que en la anterior legislatura se había mostrado favorable a la modificación.

La ley nació con el objetivo de sortear una sentencia del Tribunal Supremo en 2016, por la que se incluyó ciertos animales en el catálogo del Ministerio de Medio Ambiente de especies invasoras (como el arruí, la trucha arco iris o el cangrejo rojo) que son una amenaza grave para la biodiversidad autóctona, por lo que se prohíbe cualquier actividad cinegética, piscícola o comercial relacionadas con ellos, para evitar que se sigan reproduciendo y sean erradicadas.

En la Comunitat Valenciana, los arruís se asentaron en zonas de Xixona, Agost, Tibi, Alcoi, Elda, Petrer y Novelda. Se trata de un animal originario del norte de África, similar a la cabra montés y de fácil reproducción. Se introdujo con fines cinegéticos y actualmente ocupa muchos ecosistemas del territorio compitiendo y desplazando a otras especies autóctonas como la cabra montés, el ciervo o el corzo.

La portavoz del PP en esta materia, Teresa de Lara, defendió en el Congreso que, aunque las especies exóticas invasoras están entre las «principales causas de pérdida de biodiversidad», no se puede comparar a las que se han asentado en el ecosistema español desde hace años y que «no suponen ya ningún daño al medio ambiente», con las que han ido apareciendo más recientemente.

Por su parte, las ONG Ríos con Vida, SEO/BirdLife, WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra denuncian la «irresponsable» e «insólita» unión de PP, Cs, PdeCat y PNV que, «saltándose una sentencia» del Tribunal Supremo han aprobado una ley «para no erradicar especies invasoras».

Las ONG ambientales consideran que la norma es un «paso atrás» en la conservación de la naturaleza y advierten de que desatender el problema de las especies exóticas invasoras tendrá un impacto sobre el contribuyente. A estas ONG se han unido en España 600 científicos, quince sociedades científicas y casi un centenar de organizaciones de conservación de la naturaleza, que han expresado de forma tajante su oposición a la ley.

En un manifiesto, sostienen que las especies exóticas invasoras suponen «una amenaza para nuestra biodiversidad, por los impactos que causan sobre las especies nativas por depredación, introducción de enfermedades o parásitos». Además, recalcan que las especies como el arruí que la ley «pretende indultar» «se ha demostrado científicamente que constituyen una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas».

Mientras, la Oficina Nacional de Caza (ONC) aplaude la modificación de la ley, que permitirá la gestión poblacional de ciertas especies exóticas invasoras, de modo que «el sentido común se ha impuesto finalmente a la sinrazón ecologista que buscaba el exterminio de especies como el arruí».