Las consecuencias políticas de la detención del president de la Diputació de València y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y su posterior suspensión de militancia así como el mandato disciplinario de que dimita al frente de la corporación provincial ha vuelto a reabrir la guerra interna entre las familias del PSPV-PSOE. O si se quiere entre la ejecutiva nacional liderada por Ximo Puig y los partidarios del secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos. Mientras, los seguidores de Rodríguez se movilizaban en redes sociales y en las agrupaciones comarcales que controlan para impedir la caída de su líder. A última hora de ayer, ya esgrimían «una revolución de las comarcas» en favor del aún presidente de la corporación provincial. Desde el jueves a ayer sábado, hasta 5 ejecutivas comarcales del PSPV han celebrado reuniones extraordinarias o emitido comunicados de apoyo al alcalde de Ontinyent. Son las direcciones comarcales de la Vall d'Albaida, la Costera-la Canal, la Ribera Baixa, la Ribera Alta y el Valle de Ayora-Cofrentes, además de la agrupación local de Ontinyent.

El comunicado del PSPV de la Ribera Alta volaba ayer por las redes sociales y grupos de washapps. En uno de sus apartados decía: «Pedimos el restablecimiento de la condición de militantes a los compañeros Jorge Rodríguez, Xavi Simó y Ricard Gallego, en base a los estatutos del PSOE, que no están cumpliendo».

En otro punto: «Se tiene que mantener a Jorge Rodríguez como President de la Diputació, hasta que no se levante el secreto de sumario». Y en una crítica contra el Gobierno Central, ahora presidido por el socialista Pedro Sánchez: «Denunciamos la desproporción en la actuación policial. En el País Valencià hemos padecido un saqueo constante en la etapa del PP y nunca hemos visto una actuación policial tan contundente».

Por su parte, al menos dos altos cargos del Consell han mostrado su apoyo nítido a Rodríguez y han criticado el modo en que se le condujo ante el juez para declarar. Se trata de Antoni Such, mano derecha de Ximo Puig y destacado lermista; y Rebeca Torró, directora general de Vivienda y número 2 de Jorge Rodríguez en Ontinyent. Otros como la directora general de Patrimonio Carmen Amoraga o el subsecretario de Vivienda, Francesc Signes, han mostrado su solidaridad con los investigados de forma pública. El director general de Administración Local Antoni Such subrayaba en una conocida red social: «Visto el resultado de todo el operativo montado por la policía, alguien debería pedir disculpas por lo ocurrido, por la desproporción del mismo y por el derroche económico que ha supuesto su realización». Such enfatizaba: «Que después de todo, el Juez no fije ni medidas cautelares ... aparece un cierto 'tufillo' de montaje propagandístico/vengativo». Sin embargo, añadía: «Me indigna profundamente que en mi partido el PSOE se haya puesto el listón de la presunta corrupción en 'lo aparatoso de la acción', esto es como reconocer que los que tengan, lo que se denomina 'pena del telediario', ya están condenados, sin tener en cuenta que sea justo o injusto, ante esto yo me rebelo». «Lo que hoy le ha pasado a Jorge Rodríguez mañana le puede pasar a cualquiera que ostente alguna responsabilidad pública, y que seamos miles los que nos rebelemos ante la injusticia», remarcaba.

Esta última reflexión, la supuesta indefensión en la que ha dejado el partido a Rodríguez ante una presunta acusación de corrupción no bien cimentada, era compartida ayer y antes de ayer por múltiples cargos públicos, concejales, alcaldes o diputados provinciales socialistas de comarcas tan dispares como l'Horta Sud y Nord, Utiel-Requena o la Costera. Un portavoz del 3.0 en la Costera lamentaba que se haya actuado «con cierta precipitación, sin darle tiempo a poder defenderse y cuando aún estaba en los calabozos detenido». En la misma línea, otro dirigente de esta corriente afeaba la gestión de la crisis a todos los implicados: «José Luis Ábalos, Ximo Puig y Mercedes Caballero», secretaria provincial de València. «Ábalos lo ha matado y Ximo lo ha enterrado», sentenció.