Los 13 diputados provinciales del PP y de Ciudadanos votaron en la junta general de diciembre de Divalterracifrado en más de más de 22,8 millones de euros para 2018 porque según explicó el diputado Rafael Soler y consta en el acta de la asamblea: «Creemos que hay daños patrimoniales en la empresa, unos presuntos actos contrarios a la ley, a los estatutos y actos realizados sin la diligencia exigible».
Más concretamente, entre las cuestiones que observaba la oposición para rechazar estas cuentas, Soler apuntó: «Presuntas irregularidades en la indemnización de algún gerente de la empresa . Y por pasar de un alto cargo a diez».
Con todo, las cuentas salieron a delante con los 17 votos de los grupos PSPV, Compromís, Valencia en Comú y Esquerra Unida. Estas críticas de la oposición apuntan a la corresponsabilidad en la gestión de Divalterra -en virtud del pacto entre PSPV y Compromís- desde que en julio de 2015 se inició una nueva etapa de su historia con Jorge Rodríguez como presidente y Mª Josep Amigó, Compromís, como vicepresidenta.
Como es sabido, el aún presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, Ricard Gallego -su jefe de gabinete-, Manuel Reguart -asesor del presidente-, Jorge Cuerda -secretario-letrado asesor de Divalterra-, Xavier Ximó -gerente de Divalterra- y Agustina Brines -gerente de Divalterra- fueron detenidos el miércoles pasado en la Operación Alquería y puestos en libertad con cargos tras tomarles declaración y efectuarse una serie de registros en sus domicilios, la propia corporación provincial y el Ayuntamiento de Ontinyent.
La defensa de Gallego y Reguart ha destacado que ninguno de los dos estaban en Divalterra -entonces Imelsa- en 2015, cuando se incorporó a dedo a siete altos cargos repartidos entre PSPV y Compromís.
Los contratos fueron firmados por José Ramón Tiller, que fue cesado en febrero de 2016, y por Agustina Brines, de Compromís, que desde el viernes ha sido apartada de la empresa. Jorge Cuerda accedió al cargo de secretario del Consejo de Administración de Divalterra en 2017 y el cogerente Xavier Simó, hace poco más de seis meses.
Por ello, el equipo de Rodríguez se pregunta cómo es posible que se le haya detenido y acusado como presidente del Consejo de Administración de Divalterra y en cambio haya otros altos cargos del PSPV y de Compromís que son corresponsables de la gestión de la empresa y de las contrataciones supuestamente irregulares y que no han sido llamados siquiera a declarar.
Es el caso de la vicepresidenta Mª Josep Amigo -de Compromís- o del propio Toni Gaspar, del PSPV, que es consejero de Divalterra y que ha sido designado como sucesor de Rodríguez.
Uno de los temores que existe en el seno del grupo socialista de la Diputación es que en las próximas semanas pueda haber más actuaciones, en el marco de esta operación policial y judicial abierta, que puedan implicar al propio Gaspar o a más diputados socialistas como Pablo Seguí, José Ruiz o Mercedes Berenguer que forman parte del órgano ejecutivo de la firma.
Por ello, quizá puestos a elegir sustituto para Rodríguez, habría sido mejor optar por diputados socialistas que no han participado en la gestión de Divalterra como Voro Femenía, Bartolomé Nofuentes, Conxa García o Isabel García.
