Imelsa, luego Divalterra, la empresa heredada por Jorge Rodríguez y su equipo del PP y Alfonso Rus, que ha acabado por precipitar su dimisión, ha motivado multitud de desencuentros entre el PSPV y su socio Compromís, y por supuesto, con la oposición. Tras la crisis motivada por la dimisión del exgerente de la empresa Víctor Sahuquillo, Rodríguez y el PSPV decidieron liquidar la empresa paulatinamente, vaciarla de competencias y contenidos, y poco a poco, efectuar una "voladura controlada". Eso sí tenían que negociar cada paso con sus socios en la corporación provincial, la coalición naranja, cuya persona de confianza en Divalterra es la cogerente Agustina Brines.

Desde diciembre de 2016, Rodríguez comenzó a diseñar la operación para liquidar Divalterra. Pero conforme avanzaba 2017, en marzo, ya trascendió que los sindicatos de Bomberos y el área de extinción de incendios de la corporación provincial, dominada por Compromís, no estaban de acuerdo con el plan del aún presidente. El diputado provincial Josep Bort no aceptó la idea del PSPV de traspasar a los brigadistas forestales de Divalterra al Consorcio Provincial de Bomberos. Tampoco la medida era bien vista por los profesionales y por los sindicatos. Y había reparos legales de toda clase para que los trabajadores de prevención fueran absorbidos por el consorcio que dirige y planifica la extinción.

En estos días, cuando ha estallado la crisis judicial y política de la Operación Alquería, en el entorno del alcalde de Ontinyent se lamentan de no haber podido cerrar Divalterra: "Muerto el perro, muerta la rabia", dicen.