El comité de empresa de Divalterra ha expresado su "total hartazgo e indignación" por las descalificaciones vertidas por los políticos hacia la antigua Imelsa y por las amenazas de cierre "sistemáticas" y han asegurado que el problema "no está en la empresa" sino en "quienes la utilizan de manera bastarda para sus fines partidistas".
En un comunicado, los trabajadores de la empresa dependiente de la Diputación de Valencia han rechazado las críticas de algunos políticos sobre que Divalterra "es un nido de podredumbre y corrupción" y han reprochado su "hipocresía" porque ahora se sabe que algunos de ellos, "antes le pedían a Marcos Benavent -exgerente- que colocara asesores".
Han recordado que la operación Alquería, que culminó con la detención, entre otros, del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y los dos gerentes de Divalterra, Agustina Brines (Compromís) y Xavier Simón (PSPV-PSOE), investiga "contratos de alta dirección ilegales, firmados por los gerentes que son militantes políticos sin conocimientos de gestión, nombrados por el Consejo de Administración formado por representantes de partidos políticos".
"Todo ello no tiene nada que ver con los trabajadores de Divalterra ni con los brigadistas ni con el personal técnico y administrativo de esta empresa", han sostenido.
Han añadido que los empleados son "totalmente ajenos a los trapicheos de los dirigentes de la Diputación" y son "únicamente víctimas" y han asegurado que están "permanentemente preocupados" por su porvenir porque cada vez que los dirigentes, "de antes y de ahora, provocan un desmadre, amenazan con el cierre de la empresa".
"Si se mata al perro no se acaba la rabia. Si se cierra Divalterra no se acaba con la corrupción ni con las contrataciones ilegales de personas afines a los dirigentes de la Diputación, eso sí, se deja en la miseria a más de 700 familias y sin unos importantes servicios para los municipios de la provincia", han sostenido.
Han recordado que la empresa lleva "más de 25 años en funcionamiento" para "servir y proteger los montes creando puestos de trabajo en las zonas más desfavorecidas y boscosas, tratando de evitar la despoblación de las zonas rurales".
Por todo ello, han exigido a los políticos que "dejen de criminalizarles" y que tengan "sentido de la responsabilidad", "justicia" y "respeto" a unos trabajadores "que se ven siempre amenazados por unos políticos incompetentes", que se "olvidan" que están jugando con el "el trabajo, el futuro y la economía de cientos de trabajadores".
