¿En qué consiste la función de interventores, secretarios y tesoreros en la administración local?
Somos funcionarios seleccionados por el Estado que trabajamos en los ayuntamientos y entidades locales. Nuestras funciones son diferentes. El secretario, por ejemplo, tiene una función de fe pública y asesoramiento legal preceptivo. Asesoramos jurídicamente sobre los aspectos que se dan en los ayuntamientos. Tratamos de guiar, orientar los objetivos políticos y las actuaciones en esta administración para que se ajuste a derecho. En cuanto a la fiscalización, los interventores llevan a cabo actuaciones de control sobre los actos de contenido económico, para que sean legales. Los tesoreros lo hacen en el ámbito de la recaudación, de los gastos... Que todo sea conforme a la normativa y con la disponibilidades de tesorería. En definitiva, orientamos la actuación política hacia la legalidad, cada uno en el ámbito de sus funciones.
En resumen, supervisan que no haya desmadres...
Efectivamente. Tratamos de decir dónde están los límites y por dónde debe ir el poder político para obtener los resultados que pretende, pero siempre dentro de la legalidad, para que no haya desmadres.
¿Y quién controla al interventor, al secretario...?
Todo funcionario público tiene de controlador al ciudadano. Somos objeto de controles, también del político. En el ámbito de nuestros conocimientos, el interventor debe ser responsable, como los técnicos municipales o los de otras administraciones. Controles hay de muchos tipos y variados en el ejercicio de nuestras funciones. Los ha externos, como los del Estado, de las comunidades autónomas, la Sindicatura, el Tribunal de Cuentas.
¿Ayuda a esa labor la transparencia de la administración?
Con la transparencia, que es facilitar información y hacerlo de una forma adecuada, en términos comprensibles, la ciudadanía puede conoce la administración, la normativa, las actuaciones... Así es más fácil verificar por parte de los ciudadanos que las actuaciones son adecuadas a derecho. Es importante el interés del poder político para que haya transparencia.
¿Cómo han afectado a este colectivo todos los casos de corrupción en ayuntamientos y diputaciones que se han conocido?
Por una parte refuerza a los habilitados de carrera. Esa es una lucha que tenemos. Hay muchas puestos reservados ocupados por personal que no es funcionario de carrera. La norma es que deben ser cubiertos por estos funcionarios, pero hay excepciones y supuestos en que estos puestos están ocupados por funcionarios sin la capacidad suficiente para estas funciones. Son los accidentales. Los casos de corrupción refuerzan a la figura del habilitado porque es necesario que estos puestos reservados sean desempeñados por funcionarios con titulación y capacidad necesaria. Por otra parte, nos hace, más si cabe, poner una mayor diligencia y celo en el ejercicio de nuestras funciones. Es un mensaje para el político: no todo vale. Hay que moverse en el marco de la legalidad, escuchar y tener en cuenta los informes que se hacen para que las cosas se hagan bien. Si se hacen bien, se hacen con el objetivo de dar satisfacción al interés general.
¿Se está frenando la marcha de la administración por el miedo a firmar algunos documentos?
Cuando uno está formado y se mira bien las cosas... A veces, es verdad, no se puede mirar con el necesario detenimiento porque hay carencias de recursos humanos, sobre todo en los ayuntamientos pequeños. Pero, con una buena base, una buena formación, y con la experiencia ese miedo no puede existir. Lo que no puede ser es que los casos de corrupción que estamos conociendo nos paralicen. No debe ser así. Desde nuestra profesionalidad debemos seguir actuando como siempre lo hemos hecho, tratando de velar por la legalidad. No tiene porqué haber miedo. Si eres un profesional y tienes los conocimientos para el desempeño del trabajo, no tienes porque paralizarte por el miedo.
¿Detecta una carencia de recursos en el sector?
En algunas ocasiones faltan recursos, pero en otras es cuestión de reorganizarnos y en otros casos sólo hace falta reilusionar al personal o motivarlo. Cada administración es muy diferente. También están las limitaciones que implica la situación económica y financiera de algunas entidades locales... A veces no es que no se quiera, es que no se puede. Hay que cuestionarse si estamos haciendo las cosas bien o si podemos ser más eficientes. Por ejemplo, las nuevas tecnologías, al principio puede que cueste su puesta en funcionamiento, porque al personal le da miedo los cambios. Sin embargo, luego puede agilizar mucho el funcionamiento de la administración pública.
