El comité de empresa extraordinario celebrado ayer en Divalterra sirvió para tratar el que ha sido el telón de fondo del gobierno de Jorge Rodríguez: la continuidad o la extinción de la empresa pública.
Mientras Rodríguez dimitía de su cargo como presidente, el PP, Ciudadanos y EU visitaron a los trabajadores para hacerles conocedores de su postura. El diputado popular Fran Izquierdo quiso aclarar el «respaldo a los trabajadores y a su continuidad en la empresa», y de acordarse una disolución de Divalterra, habría que garantizar que la diputación se hará cargo del servicio de brigadas.
En Ciudadanos, que se mostraron más reacios a desmantelar la entidad, Mamen Peris ubicó el principal conflicto de la empresa pública en sus gestores políticos, los responsables de haber «elegido a los amigos» para dirigir una entidad que no debe ser suprimida por el trabajo que desarrollan los brigadistas.
La tercera representante que asistió fue la diputada de EU, Rosa Pérez Garijo, quien reafirmó la postura del partido de liquidar la empresa. Abogó por blindar a los brigadistas, para quienes aseguró su continuidad «a través de varias vías», aunque dejó en el aire al resto de trabajadores de administración.
Pérez aseguro que la eliminación de Divalterra es una cuestión fuera de debate para EU, al igual que para València en Comú, la marca con la que Podemos está representada en la diputación. Berto Jaramillo no consideró oportuno asistir en el mismo día que el presidente Jorge Rodríguez hacía pública su dimisión. Ahora bien; dejó claro que el plan de su formación para la nueva etapa es el cierre de Divalterra.
En el mismo abanico se mueven los sindicatos, que no están alineados en una misma posición. Mientras UGT y CC OO sí que se son más favorables a transferir el personal y sus funciones a la diputación, CSIF, el sindicato con mayoría en el comité de empresa de Divalterra, considera la transición más compleja.
Ayer, el comité hizo público un comunicado aprobado por UGT y CSIF pero con la abstención de CC OO, que lo consideró «muy politizado», donde reafirmaron la completa desvinculación de los trabajadores con la mala gestión y corrupción que puso en el foco a Imelsa y, desde la semana pasada, también Divalterra.
Mostraron el «hartazgo» y calificaron de «irresponsabilidad política» que se viertan amenazas sobre el cierre de la empresa sin ofrecer un «plan b» a los 700 trabajadores que componen la plantilla de Divalterra. A. Soria València
