03 de julio de 2018
03.07.2018
Enfrentamientos

Guerra sin fin en la vieja Imelsa: ni paz ni gloria

El intento de echar a directivos de la etapa del PP que plantaron cara a Sahuquillo, eje de la investigación contra Rodríguez y su equipo, que incluye denuncias de amenazas por estos

03.07.2018 | 00:55
Público asistente al acto ayer en el que Rodríguez anunció su dimisión en la diputación. Foto: Germán Caballero.
Guerra sin fin en la vieja Imelsa: ni paz ni gloria

Divalterra (la antigua Imelsa) ha sido el foco de diferentes batallas que marcan el paso de Jorge Rodríguez por la Diputación de València. La empresa que regentó el yonqui del dinero ha sido «la piedra», dijo ayer Rodríguez, a la regeneración que ha intentado en una corporación «trufada de corrupción». Una piedra tan grande que se lleva su carrera política por delante.

Rodríguez defendió ayer que, a pesar de las tentaciones de disolver la empresa en 2015, tras el cambio de gobierno, decidió mantenerla por la inseguridad que lo contrario generaba en las 700 familias. La designación de dos cogerentes (uno por partido gobernante), un director jurídico y siete altos directivos (también repartidos), contrataciones hoy en tela de juicio y parte de la investigación judicial, tenía como fin levantar «un cordón sanitario» con la Imelsa de los zombis y la corrupción. Un equipo de confianza, en fin, en el que apoyarse para sanear la firma.

Decenas de empleados fueron apartados en esos primeros meses. También la primera línea de la cúpula de la empresa, que han estado imputados junto a Marcos Benavent: Enrique Grau, María Escrihuela y José Enrique Montblanch.

El nivel inferior de directores de área se mantuvo en su mayor parte y éste ha sido uno de los focos de conflicto más largo entre el equipo de Rodríguez y la gerencia de Divalterra.

En especial, a partir del cambio del cogerente socialista: Víctor Sahuquillo en lugar de José Ramón Tíller. O lo que es lo mismo, un hombre de confianza de Rodríguez en sustitución del elegido por José Manuel Orengo, secretario institucional del PSPV en 2015 y primer jefe de gabinete de Rodríguez.

Su salida de ese puesto es casi simultánea al golpe de mano en la empresa. Tíller había formado con Agustina Brines (la cogerente por Compromís) y José Luis Vera (el director jurídico) un triángulo sólido e independiente que Rodríguez rompe.

Lo que viene después es una guerra cada vez menos soterrada. Hay primeros escarceos, pero el episodio clave es el consejo de administración en el que se pone encima de la mesa una auditoría interna que destapa posibles actuaciones irregulares de Sahuquillo.

El entorno de Rodríguez sostiene que fue una jugada sorpresa, que desconocían el documento y que por eso se lo echan en cara a uno de los técnicos. Los hasta hace poco gobernantes de la sociedad aseguran que no, que ya habían avisado de lo que pasaba.

La denuncia de unos empleados difundida ayer por la Cadena Ser señala que un colaborador del presidente le espetó a uno de los técnicos «payaso, hijo de puta» antes de amenazar con cargárselo de la empresa, cuya plantilla no es de funcionarios, sino de personales laborales.

La tensión deriva en que en febrero de este año, tras una reactivación del conflicto, varios trabajadores acaban denunciando en Fiscalía una campaña de «acoso organizado» aderezada con «órdenes de despido, insultos, falsedades, vejaciones públicas, atentados al honor y a la ideología, y amenazas continuas». Todo atribuido a la guardia en torno al presidente y a él mismo.

José Luis Castellote, José Luis Pellicer, Raimundo Villalba, Alejandro Muñoz o María Luisa Santos formarían parte de esa relación de empleados que Presidencia consideraba que no debían continuar. Casi todos, porque habían entrado durante la etapa del PP en cargos directivos y con retribuciones que en esa etapa los técnicos de recursos humanos desconocían: las decidía Benavent.

La gerencia, en manos de Brines (Compromís) únicamente tras la caída de Sahuquillo por los escándalos que se derivan de la auditoría interna (los gin-tonics cargados a la cuenta de la empresa), decide mantener al citado grupo. Argumenta que entraron por concurso y que, tras la investigación realizada, no colaboraron con Benavent. Al contrario, eran piezas esenciales de la investigación judicial cuando la UCO de la Guardia Civil y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) pasaron a vivir prácticamente en Imelsa.

Pellicer, no obstante, sí que deja de ser secretario del consejo de administración, puesto en el que es relevado por una persona de la total confianza del presidente, Jorge Cuerda, que poco antes había pasado a ser su letrado asesor. Cuerda también está investigado en el caso Alquería, al igual que los principales colaboradores de Rodríguez. Las revelaciones sobre presuntas amenazas y coacciones explicarían la actuación penal y no solo administrativa contra ellos.

Tras la caída de Sahuquillo, Presidencia volvió a valorar el vaciado de la ya Divalterra, con el traslado del cuerpo principal de empleados, los brigadistas forestales, a Bomberos. Pero las diferencias de criterio con Compromís frenan la idea.

Las disputas internas se reactivan cuando a principios de 2018 se plantea introducir cambios en los altos directivos con dos nuevos para cubrir vacantes en un paso más de Rodríguez por controlar la firma.

La contratación a dedo en 2015 de este grupo de siete ya había dejado sombras de duda. Vuelven informes contrarios que llevan a Cuerda a emitir un dictamen final favorable y cuestionable para otros expertos. Todo se tumba el 31 de marzo de 2018. Al parecer, llegan indicios de que la investigación penal.

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