El constructor leonés José Luis Ulibarri extendió sus negocios a la Comunitat aValenciana a la sombra del Consell de Camps. El empresario investigado en el caso Gürtel montó en Valencia una red de televisiones locales bajo la marca de Tele 7. Ulibarri irrumpió en 2007 en el mercado audiovisual valenciano al tiempo que su constructora Begar comenzaba a hacer pinitos en el universo de las adjudicaciones públicas. El empresario logró la adjudicación de trecelicencias de TDT, que gestionaba a través del grupo Mediamed. Además, Ulibarri participó en la construcción del hospital de Llíria, que la Conselleria de Sanidad adjudicó a una UTE en la que se integró Begar.

Sin embargo, menos de tres años después, lo que prometía como un negocio con gran futuro terminó en fiasco. Tele 7 nació con el pecado original de ser un proyecto de diseño financiado políticamente. La propia Generalitat Valenciana conminó a propietarios de pequeñas televisiones locales alegales a aliarse con Ulibarri y otros accionistas cercanos al poder para garantizarles la continuidad de las emisiones. La crisis económica, las batallas internas por el control de la empresa y la implicación de Ulibarri en el caso Gürtel provocaron el derrumbe de Tele 7 como un castillo de naipes.

Al final, las licencias quedaron en manos de otra persona ligada al PP. Laura Rodríguez Doñate, ex candidata del PP a las Cortes de Castilla la Mancha, impulsó desde Alicante la televisión autonómica 12 TV. Rodríguez Doñate se hizo con las licencias que pertenecían a Tele 7.

Ulibarri siguió ligado a los medios de comunicación en Castilla León. Gracias Gobierno de Juan Vicente Herrera consiguió la gestión de la televisión privada RTVCYL, que recibe financiación pública.

Otras empresas de Ulibarri también encontraron mercado en la Generalitat de Camps. La firma Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios Seralia logró el contrato para limpiar los centros de la Agencia Valenciana de Turismo los años 2007 y 2008 por 1,3 millones de euros.

Investigado desde el principio en la trama Gürtel, Ulibarri compartió abogado con los cabecillas de la trama (el fallecido Ignacio Peláez), que aprovechó que había sido grabado en prisión para presentar una de las tres denuncias que acabaron con la inhabilitación del magistrado de la Audiencia Nacional.

El entramado empresarial de Ulibarri se ha tambaleado en los últimos años. Elodea, el grupo constructor heredero de Begar, entró hace dos aós en concurso de acreedores con una deuda de 189,63 millones de euros y un activo de solo 34,84 millones.

El empresario está pendiente de ser jugzado por su presunta implicación en el caso Gürtel. La Fiscalía pide que sea condenado a 7 años y 1 mes de cárcel por prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad en documento mercantil.La supuesta vinculación de Ulibarri se circunscribe a irregularidades en los contratos adjudicados a la trama Gürtel en Boadilla del Monte. Concretamente, está acusado de la adjudicación a una de sus empresas, UFC SA, de una parcela en el Polígono B, del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte, en cuya adjudicación supuestamente participó una sociedad que ayudó a encubrir una comisión ilícita. La vista oral está pendiente de señalamiento.