Sin embargo, Amigó asegura que la postura de Compromís «no es diferente» a la del resto del gobierno. València en Comú y EU exigen el cierre; el PSPV es más reservado, aunque parece en ese camino. Compromís opta por «repensar» Divalterra y fijarse como objetivo «adelgazar» la empresa.

La situación laboral de los brigadistas es el primer obstáculo que plantea Compromís para liquidarla. La permanencia de los trabajadores es innegociable, y tal vez se plantee como el único motivo por el que mantener a Divalterra con vida. Pese a que Berto Jaramillo (València en Comú) y Rosa Pérez (EU) lo exigen y plantean vías para absorber a los trabajadores, Amigó cree que antes hay que plantear el cómo se va a hacer, y para ello se baraja encargar un informe que dé las claves jurídicas y, sobre todo, calcule el coste económico de la liquidación. Además, advirtió de que tal vez el estudio desaconseje el cierre y solo se llegue a una «mejora» de Divalterra.

Amigó reconoció que había una reunión planificada con el expresidente de la diputación, Jorge Rodríguez, para marcar el camino que iba a seguir Divalterra hasta el próximo año e incluso a más largo plazo en caso de repetir en el gobierno. La agenda judicial dinamitó esa reunión que tenía por objeto diagnosticar qué más podía eliminarse de Divalterra, como ya se hizo con el servicio de prensa, de protocolo y de operadoras.

Por otro lado, y en el marco de la Operación Alquería, el juez que instruye la causa ha pedido al PP de la diputación una fianza de 3.000 euros antes de decidir si aprueba o no su personación.