La empresa Aplicaciones Gespol SL. ha estado ligada durante años a muchas policías locales de la Comunitat Valenciana ya que fue pionera en el sector de la gestión informática de los recursos, multas, novedades y antecedentes con los que trabajan las plantillas de policía municipal.

Sin embargo, al tratarse de relaciones contractuales inferiores a los 18.000 euros, apenas salían a concurso al no estar obligadas por la antigua Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para evitar que los ayuntamientos fraccionaran los pagos por los servicios contratados, realizando así varios contratos menores con esta misma empresa, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establecía la prohibición de facturar en un mismo año natural más de 15.000 euros a una misma entidad sin haber sacado a concurso la licitación.

El Ayuntamiento de València, previo concurso al que se presentaron dos empresas licitadoras, ha cerrado este mismo año precisamente un contrato por un importe de 128.160 euros con la empresa ahora investigada en la trama destapada en la «Operación Enredadera».

El consistorio ha puesto en sus manos los servicios informáticos consistentes en la implementación de las aplicaciones necesarias para gestionar el sistema de información de la Policía Local de València.

Aunque la licitación está adjudicada desde el mes de abril todavía no se ha puesto en funcionamiento el sistema, según indicaron las fuentes consultadas por Levante-EMV. En el pliego de prescripciones técnicas se indican todos los servicios contratados a la empresa Gespol.

Entre ellos la tramitación de las denuncias, gestión de vados, decomisos, citaciones judiciales, control de actividades, depósito de detenidos, accidentes de circulación, atestados, la retirada de vehículos con grúa, cuadrante, expedientes disciplinarios, telefonemas y agendas.

Otro municipio que tiene contrato en vigor con la empresa investigada es Riba-roja del Túria, de 1.857 euros, según la licitación. Aunque la mayoría de municipios que tenían contrato con Gespol finalizaron la relación contractual con la misma y han optado por otros sistemas.

Un ejemplo de ello es Quart de Poblet, que rompió toda vinculación hace unos ocho años «porque no les gustaba el servicio de mantenimiento» y tras comprobar que su sistema se había quedado obsoleto. Burjassot, l´Eliana o Massalfassar también contrataron sus servicios, mientras que Paterna estuvo a punto de hacerlo pero, aunque se presentó a concurso, la firma no llegó a trabajar nunca con el consistorio.