El empresa epicentro del último caso de corrupción destapado por la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Aplicaciones Gespol S. L. nació en 1985 dentro de la empresa de consultoría e ingeniería informática vizcaína Bilbomática, pionera en la creación de software para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Según reza su página web, Bilbomática se dedica desde 1988 a la consultoría informática y entre sus clientes actuales se encuentran varios ministerios del Gobierno de España, así como organismos públicos de varias comunidades autónomas.
En materia de seguridad, son proveedores de programas informáticos de la Guardia Civil y de Eurojust, por citar dos ejemplos, lo que da una idea del volumen de negocio de una empresa que se ha convertido en un gigante del desarrollo de software y, en los últimos años, de la transformación digital de una multitud de empresas públicas y privadas.
Ese es el seno en el que nació Gespol Safety & Security, la unidad de negocio especializada en crear programas de gestión para las policías locales, desde plantillas, hasta la interconexión de bases de datos o la coordinación entre plantillas distintas.
Gespol ha llegado a estar presente en 500 municipios españoles y, desde hace más de una década, había incorporado la gestión de multas y la instalación de semáforos con foto fija para cazar a los conductores que se los saltaban, precisamente el quid de la investigación de la UDEF.
En varios municipios de València, tal como ha podido comprobar Levante-EMV, llegaron a ofrecer la instalación de esas cámaras de fotorrojo como mejora a la hora de concursar a la licitación de la gestión informática de las policías municipales. El señuelo era fácil: esos rádares fijos de velocidad eran auténticas máquinas de fabricar dinero para los ayuntamientos asfixiados por los recortes impuestos en el peor momento de la crisis por el exministro Montoro.
Sin embargo, las deficiencias cada vez más palpables en el mantenimiento de esos servicios de gestión, de los que Gespol fue pionera en su momento en España hace tres décadas, llevaron a muchos ayuntamientos a no renovar los contratos con la firma, que en octubre de 2016 fue vendida por Bilbomática a la constructora Sacyr, salpicada ahora por la Operación Enredadera. La empresa bilbaína, que no ha querido pronunciarse tras las detenciones de ayer, cerró aquel ejercicio de 2016 con unos ingresos de más de 25 millones y unos beneficios de poco más de 60.000.
Ubicada dentro de la división Valoriza Servicios Medioambientales de la constructora a la que pertenece ahora como filial, ha puesto en marcha decenas de salas de control de policias locales de toda España, así como de la instalación de servicios de videovigilancia, de cámaras de reconocimientos de matrículas, introducción de PDA para agilizar la imposición de sanciones, sistemas de comunicación por radio y un largo etcétera.
